Cómo es la educación desde casa que impulsa Milei y por qué genera polémica

La Ley de Libertad Educativa enviada por el Gobierno de Javier Milei al Congreso volvió a instalar la discusión sobre la educación desde casa, un esquema que habilita que madres y padres asuman directamente la enseñanza de sus hijos sin asistencia regular a instituciones escolares. El proyecto propone ampliar las alternativas educativas y reforzar la idea de que las familias puedan elegir de manera más flexible cómo se organiza la trayectoria formativa.

Hoy en Argentina la Ley de Educación Nacional establece la obligatoriedad de la escolarización en instituciones públicas o privadas. Por eso, la presentación de una norma que reconoce oficialmente modalidades más autónomas genera dudas sobre cómo se evaluaría a los estudiantes, qué contenidos mínimos serían obligatorios y qué mecanismos tendría el Estado para garantizar derechos.

Qué propone la Ley de Libertad Educativa

El proyecto incorpora la educación desde casa como una opción válida dentro del sistema y plantea que el Estado debe garantizar estándares de aprendizaje, pero sin definir estrictamente el modo en que cada familia debe alcanzarlos. También propone ampliar la libertad educativa, reducir regulaciones y permitir mayor autonomía en la forma de enseñar.

La iniciativa incluye principios de libre elección, certificación por resultados y menor intervención estatal en los procesos. Según su fundamentación, el objetivo es habilitar nuevas modalidades que convivan con la escolarización tradicional.

Por qué genera debate

El texto generó reacciones contrapuestas entre especialistas, familias y organizaciones educativas. Una de las principales preocupaciones es el riesgo de desigualdad: mientras algunos hogares podrían afrontar la educación desde casa con recursos, materiales y conectividad, otros podrían quedar en desventaja y no cumplir con los niveles de aprendizaje esperados.

También existe debate sobre el rol social de la escuela. Además de enseñar contenidos, la institución escolar cumple funciones de integración, protección y socialización que difícilmente puedan ser reemplazadas por completo en el hogar.

Otro punto en discusión es la supervisión estatal. Para quienes apoyan el proyecto, basta con que el Estado evalúe resultados. Para los sectores críticos, la falta de seguimiento cotidiano podría afectar la calidad educativa y la detección de situaciones de vulnerabilidad.

En el mensaje difundido por La Libertad Avanza por el segundo aniversario de gestión, el Gobierno afirma que puso la educación “en el lugar que se merece”, aunque no detalla cómo se implementaría operativamente la modalidad desde casa ni qué estructura de control acompañaría la reforma.

El contexto educativo argentino

El sistema educativo argentino se basa en la obligatoriedad desde los 4 años hasta el final de la secundaria y en la responsabilidad estatal de garantizar acceso, permanencia y calidad. Los niveles y modalidades están definidos por ley y constituyen la base sobre la cual se organizan las trayectorias escolares.

Por eso se explica que, en comparación internacional, los países que permiten educación desde casa cuentan con marcos regulatorios estrictos, exámenes estandarizados y esquemas de reporte obligatorio a autoridades estatales, lo que requiere infraestructura y supervisión sostenida.

Un debate que seguirá abierto

La discusión central pasa por el equilibrio entre libertad y garantía de derechos. Mientras el Gobierno propone ampliar las opciones educativas y flexibilizar la enseñanza, los sectores críticos advierten que la reforma podría profundizar desigualdades si no se acompaña con mecanismos sólidos de control estatal.

La gran pregunta es cómo se certificará el aprendizaje, cómo se garantizará la igualdad de oportunidades y qué responsabilidades tendrá el Estado en un sistema más flexible.

TM