La discusión por los cargos en el Banco Provincia volvió a encenderse luego de que el diputado bonaerense Manuel Passaglia presentara un proyecto para reducir de 14 a 6 los puestos políticos en el directorio del BAPRO. Su propuesta apunta directamente a bloquear el acceso de la oposición a las vacantes creadas en el reciente acuerdo legislativo, una negociación que ya estaba en tensión tras el freno del Gobierno nacional a la deuda provincial.
Según Passaglia, el recorte significaría un ahorro estimado en más de mil millones de pesos, fondos que propone redirigir a créditos hipotecarios para familias bonaerenses. El legislador justificó su iniciativa como una respuesta al “atropello” que -según denunció- protagonizaron el gobernador Axel Kicillof y parte de la oposición provincial al ampliar el directorio del banco como parte de la negociación por el endeudamiento.
El paquete de deuda aprobado por la Legislatura bonaerense fue el eje de una negociación que incluyó la expansión del directorio del Banco Provincia y la cesión de cargos a sectores opositores. Pero la advertencia del ministro de Economía nacional, Luis Caputo, cambió el tablero: el Gobierno nacional podría no autorizar la emisión de deuda en dólares al considerar que podría violar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Sin ese aval técnico, la operación financiera queda suspendida. Y con ella, todo el acuerdo político construido alrededor.
En ese marco, Kicillof evalúa no firmar los decretos que habilitan las designaciones opositoras en el BAPRO. El argumento: si la Provincia no accede a los fondos comprometidos en la negociación, tampoco corresponde avanzar con el reparto de cargos. La oposición, en cambio, sostiene que se trata de un incumplimiento y amenaza con cerrar el diálogo legislativo.
Entre los nombres opositores que dependen de la firma del decreto provincial están:
Sin autorización nacional para endeudarse, todos ellos podrían quedar sin desembarcar en el Banco Provincia.
En paralelo al conflicto por la deuda, Passaglia presentó su primer proyecto de ley con un objetivo adicional: desarmar lo que considera un “reparto de privilegios”. Propone reducir drásticamente los cargos políticos y usar ese ahorro para créditos hipotecarios.
La iniciativa también busca marcar un contraste con el oficialismo provincial al plantear austeridad en un contexto social crítico.
En un tramo de su argumentación, Passaglia afirmó: “La Provincia requiere transparencia y eficiencia, no acuerdos entre políticos para beneficiarse entre ellos”. Ese mensaje se convirtió rápidamente en el eje político del proyecto.
El freno nacional al endeudamiento no es menor. Caputo advirtió que la propuesta provincial podría contravenir varios artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre ellos:
Si Economía no habilita la operación, la Provincia no podrá emitir deuda ni en pesos ni en dólares bajo el esquema solicitado.
El conflicto deja tres efectos inmediatos:
El propio Passaglia sostiene que el proyecto solo requiere mayoría simple, por lo que espera que el tratamiento en la Legislatura revele quiénes acompañan el recorte de cargos y quiénes buscan sostener el reparto acordado.
Mientras tanto, en la Provincia reconocen que la relación con Nación y la aprobación de la deuda serán determinantes para saber si el pacto político sobrevivirá o si se desmoronará antes de aplicarse.
TM