Reforma laboral: el agro acompaña y la SRA reclama para actualizar la ley del trabajo rural

El campo argentino y el presidente Javier Milei viven en estos días uno de los mejores momentos en su relación. Si bien en sus dos años de gestión el primer mandatario no terminó de cumplir su promesa de eliminar las retenciones, en 2025 anunció tres bajas en los derechos de exportación y cada vez que pudo, buscó acercarse al sector, sobre todo a partir de su estrecho vínculo con Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Este viento en popa con el agro se pudo apreciar con el apoyo que la Casa Rosada recibió en su proyecto de reforma laboral, que antes de fin de año busca ser discutido en el Congreso Nacional. En este contexto, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su acuerdo con el Proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado por el Poder Ejecutivo y destacó la incorporación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Según la entidad, este capítulo formó parte de las gestiones realizadas desde la conformación del espacio y contó con el acompañamiento del Ministerio de Economía, el Consejo de Mayo y de la senadora santafesina Carolina Losada.

🆕📢El @AgroindArg expresa su acuerdo y beneplácito por el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que además incluye el capítulo de Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), enviado por @JMilei al Congreso de la Nación.( hilo)

— Consejo Agroindustrial Argentino (@AgroindArg) December 11, 2025

Gustavo Idígoras, presidente del CAA, señaló que “la modernización laboral y el RIMI van a generar un efecto positivo en las inversiones, el empleo, producción y las exportaciones agroindustriales en una cifra incremental de alrededor de 15 mil millones de dólares, así como beneficios para productores agropecuarios”.

Además, indicó que “trabajaremos en el Senado para lograr que se avance y se adopten mejoras para lograr la plena competitividad y haremos aportes para que el RIMI alcance a todo tipo de empresa agropecuaria y agroindustrial”.

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, también se refirió al envío de esta iniciativa al ámbito legislativo. Lo describió como un paso orientado a generar condiciones que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo en las cadenas agroindustriales.

Cifarelli valoró la incorporación del capítulo RIMI dentro del proyecto y sostuvo que “desde la agroindustria hemos trabajado con las autoridades en su elaboración con la plena convicción que generara más inversiones en el sector, más producción y agregado de valor y con ello más empleo e ingresos de divisas para la economía”. Para los molineros, el nuevo esquema podría ordenar decisiones de inversión en las medianas compañías del rubro.

La postura de la SRA

En paralelo, la Sociedad Rural Argentina planteó su posición sobre el proyecto que será debatido en el Congreso. Los ruralistas señalaron que el sector agropecuario debe ser considerado dentro del proceso de modernización laboral, debido a las particularidades productivas y estacionales que distinguen al trabajo rural respecto del urbano.

La SRA reconoció que participó de instancias de diálogo con funcionarios, legisladores y representantes del Consejo de Mayo, donde expuso que una reforma laboral integral requiere contemplar las modalidades propias del trabajo agrario. Desde la perspectiva de la entidad, excluir al trabajo rural de la actualización normativa implicaría mantener un régimen que no refleja las condiciones actuales de producción.

En ese marco, la SRA afirmó que el objetivo de su propuesta es actualizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario para alinearla con los desarrollos tecnológicos y los modelos productivos actuales. De este modo, debería realizarse sin afectar los derechos establecidos, pero adecuando procedimientos para reducir costos administrativos y generar un marco más previsible para empleadores y trabajadores.

La entidad informó que presentó un conjunto de propuestas para ser incorporadas al texto oficial del proyecto, y que las mismas fueron recibidas favorablemente por los equipos técnicos del Gobierno. Además, indicó que continuará siguiendo el tratamiento legislativo en las comisiones del Congreso.

Las propuestas presentadas por la SRA son las siguientes:

• Eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra que alquila y el arrendatario que produce.
• Eliminación de la figura de “trabajador permanente discontinuo” debido a la estacionalidad de la actividad.
• Período de prueba de ocho meses, con el objetivo de evaluar aptitudes antes de confirmar la relación laboral.
• Negociación salarial bilateral entre el Sindicato y la Mesa de Enlace, sin participación estatal.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo del empleador.
• Actualización de créditos laborales de forma razonable, evitando sentencias desproporcionadas.