En el teatro geopolítico del Caribe, la única certeza es la incertidumbre. Si bien se desconoce el momento exacto y la magnitud de los próximos movimientos de Washington y Caracas, el análisis de la información pública disponible permite inferir las líneas de acción y las dinámicas internas en juego. La justificación oficial, y sobre todo pública, de EE.UU. se centra en la lucha contra el "narcoterrorismo", aun entendiendo a la perfección que desmantelar el crimen organizado con medios militares es una quimera. Las ejecuciones sumarias de las supuestas narcolanchas son simplemente un ejemplo de la desproporción de los medios para una misión militarmente pequeña, pero serán un problema judicial enorme en la política interna de los Estados Unidos. Es decir, o los medios no son los correctos, o la misión no es la enunciada.
Como se intuye, la motivación real es la coerción para el cambio de gobierno en Venezuela, y la última doctrina de seguridad nacional sustenta esa idea. Por lo tanto, preparar los papeles (las justificaciones legales y públicas) es tan necesario como preposicionar a las fuerzas para cumplir sus objetivos.
Sin embargo, al igual que en la invasión de Panamá de 1989, la cúpula militar venezolana está gestionando una "doble negociación" para su supervivencia. Por un lado, altos mandos negocian simultáneamente con el círculo íntimo de Maduro sobre las condiciones de una transición forzada, y a su vez, mantienen conversaciones subterráneas con EE.UU. para asegurar inmunidad, levantar sanciones, garantizar un exilio seguro, y trabajar en operaciones de estabilización para una transición ordenada. Estas conversaciones están lógicamente envueltas en el secretismo necesario para ser desmentidas de inmediato si no se llega a un acuerdo, y son la verdadera llave que define la duración del poder en Caracas.
El despliegue de EE.UU. busca crear un cerco coercitivo que combine todos los instrumentos de poder de una Guerra Híbrida. Aunque la preferencia inicial pareciera querer evitar la invasión directa, el objetivo final es el derrocamiento de Maduro y su núcleo de poder. De no hacerlo Washington sufriría un incalculable costo a su prestigio, y una lesión irreparable con sus aliados locales, inversamente proporcional al fortalecimiento de Maduro. Así se asume que el objetivo será inamovible. Por ello, la presión se concibe como una escalada progresiva con fases bien definidas, donde cada etapa fallida abona la probabilidad de la siguiente.
Traigan abogados, armas y dinero decía una vieja canción de Warren Zevon, y pareciera que EE.UU. empieza siempre por ahí. El cerco se apoya en la integración de medios militares con agencias de inteligencia, legales y económicas. El despliegue involucra a la Cuarta Flota, con el portaviones Ford y su ala embarcada, destructores de misiles guiados, aeronaves de vigilancia P-8 Poseidón, submarinos para bloquear el caribe y una fuerza de desembarco encabezada por la 22.ª unidad expedicionaria de infantería del cuerpo de marines. Esta fuerza de tareas se apoya en una cadena de bases estratégicamente reforzadas, incluyendo la reactivación de instalaciones en Puerto Rico como un centro de comando y logística clave, además de Soto Cano en Honduras e instalaciones en Curazao/Aruba, pero también en las bases del propio territorio estadounidense que por la distancia operan y podrían por ejemplo en 18 horas lanzar desde Fort Bragg a la 82.ª División Aerotransportada sobre Venezuela.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro (OFAC) y el Departamento de Justicia intensifican el cerco financiero, cortando las rutas del petróleo y el oro, y ofreciendo recompensas millonarias por la captura de la cúpula dirigencial. A su vez el resto de las agencias como la CIA, la DEA, la NSA, y el enorme abanico de subcontratistas amparados en la negación plausible del que cuenta el gobierno trabajan desde hace años para construir las alternativas que el poder político luego elige. Paralelamente, se mantiene el uso constante de ciberataques y propaganda para fomentar la deserción militar o la sublevación civil. Las operaciones psicológicas siempre son un complemento indispensable para preparar el terreno.
Bloqueo y negociación forzada. Estamos acá desde hace cinco meses cuando empezó a establecerse un bloqueo marítimo (ahora también aéreo), cada vez más sofocante para cortar las importaciones vitales y el flujo de fondos, que tiene como objetivo forzar la negociación para una transición, pero los días pasan sin resultados visibles.
Intervenciones de precisión. Si la negociación fracasa, es posible que se pase a ataques aéreos o con misiles selectivos ("golpe de bisturí") contra la infraestructura crítica o sobre líderes específicos de la cúpula a los cuales fueron convenientemente catalogados de terroristas por el Departamento de Justicia. Esta fase incluye también las múltiples posibilidades que brindan las fuerzas especiales desplegadas en la región. Esta podría ser una fase medianamente larga. Está visto que muy pocas veces una campaña aérea cambia el destino político de un país.
Invasión directa. Si Maduro sobreviviera a la campaña aérea y a la presión económica, es decir si Maduro resistiera el asedio, EE.UU. podría iniciar una intervención terrestre. Difícilmente Washington propondría un retiro unilateral al conflicto, porque eso solo permitiría que la resistencia se prolongara fortaleciéndola y representaría un golpe para el prestigio internacional de EE.UU. (algo que China y Rusia mirarían de cerca) y un impacto devastador para la oposición local y sus aliados en la región del que difícilmente se recuperarían, contradiciendo además el documento que la propia Casa Blanca dio a conocer recientemente.
En las dos primeras fases, es decir durante la presión y los ataques de precisión, Venezuela tiene poco para hacer. Contrarrestar con mensajes de fortaleza y unidad nacional, reforzar su deficiente defensa aérea, alistar equipos y personal, reforzar la seguridad de sus principales figuras e impulsar campañas de desprestigio en medios locales de EE.UU. para ganar tiempo, y poco más. La Doctrina Asimétrica es esencialmente defensiva, así que sólo podría ponerse en práctica si EE.UU. ejecutara una operación terrestre de envergadura. Frente a la superioridad militar estadounidense, la respuesta oficial de Venezuela será una Defensa Asimétrica codificada en su Doctrina de Defensa Integral de la Nación con su componente clave: la Guerra Popular Prolongada (GPP).
Esta estrategia, anclada en el discurso chavista de "guerra antiimperialista", y se basa en la dispersión de unidades como su principal táctica. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha sido explícito al respecto, indicando que la respuesta de la FANB será la "defensa armada irregular asimétrica", evitando el combate frontal. La FANB y la Milicia Bolivariana (más de 4 millones de inscritos, armados con fusiles AK-103 y RPG-7) evitarían las concentraciones de tropas, donde serían blancos fáciles para el poder aéreo estadounidense, donde las unidades se dispersarían en las Áreas de Defensa Integral (ADI municipios) para realizar ataques de golpear y huir, sabotajes e insurgencia urbana. Así el objetivo no sería la victoria militar, sino el desgaste político del invasor, elevando el costo diario de la operación en todo sentido.
El riesgo fatal: Los "Solcitos", el escenario Mogadiscio. Venezuela más cerca de ser Siria que de Vietnam.
La táctica de dispersión se sostiene sobre una vulnerabilidad crítica: la unidad de la FANB parece depender más de la rentabilidad criminal que de la ideología. Si una intervención logra la decapitación del mando con un "golpe de bisturí", el riesgo de un colapso del "paraguas" protector es alto. La dispersión se traduciría en la fragmentación en "solcitos": unidades militares y paramilitares que usarían su fuerza para convertirse en facciones armadas luchando por el control de las rutas del narcotráfico y la minería clandestina. Este escenario donde EE.UU. intentaría disolver el poder de Caracas, pero donde Caracas se fragmentaria como parte de la estrategia podría transformar una batalla urbana limitada en una ocupación territorial de un país de 900 mil k2 que es un verdadero laberinto geográfico y desembocar en un Estado caótico en el hemisferio de EE.UU. UU. que exportaría caos, crimen organizado (como el Tren de Aragua) y una crisis migratoria masiva a través del Caribe. Paradójicamente, al intentar desmantelar un cartel estatal, Washington podría crear decenas de células criminales autónomas y más peligrosas. La tensión en el Caribe es, en última instancia, un juego de alto riesgo donde EE. UU. busca forzar la renuncia de Maduro bajo el uso de la fuerza y la ruina económica, mientras él se atrinchera tras la amenaza de la anarquía regional que su colapso desataría. Para la Argentina y la región en general este último escenario sería desastroso y de consecuencias impredecibles y debería ocupar a los máximos niveles de la inteligencia estratégica nacional.
Se dice que Franklin D. Roosevelt dijo sobre Somoza: "Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta". Esa frase que ha signado en parte el pragmatismo de la política exterior norteamericana, y que después de la guerra fría sumió a la región en el desinterés estratégico, quizás sea parte del nuevo corolario Trump que entendió que a Maduro se le ha terminado el tiempo, inclusive para intentar ser suyo.