Conflicto en el sindicato de los estatales de CABA: La conducción bajo la lupa

La interna sindical de SUTECBA volvió a escalar tras una nueva presentación ante la Fiscalía, donde la Lista Celeste reclamó el secuestro urgente de toda la documentación electoral original. Los apoderados Dora Valenzuela y Carlos Luis Elías afirman que sin ese material es imposible determinar si existió falsificación, una hipótesis que la justicia ya investiga dentro de la causa MPF 1243189.

La denuncia sostiene que un documento “apócrifo” habría sido incorporado al expediente en calidad de lista oficial certificada, pese a que su impresión —en blanco y negro y con apariencia de fotocopia— no coincide con las planillas color originales que la Junta Electoral admite imprimir en una gráfica única. Para la Lista Celeste, la diferencia material es una evidencia preliminar de manipulación.

¿A quiénes apuntan las denuncias?

Las presentaciones apuntan directamente a la actual conducción del sindicato, encabezada por Amadeo Genta —secretario general histórico del gremio desde hace décadas— y por Facundo Carrillo, actual secretario adjunto y figura clave en la estructura interna. Según la denuncia, la Junta Electoral, presidida por Juan Carlos Cela, habría sido la responsable de administrar, recepcionar y exhibir la documentación cuestionada, incluyendo las listas que ahora se investigan por presunta falsificación o manipulación.

Para los apoderados de la Lista Celeste, cualquier irregularidad detectada “no solo compromete a la Junta Electoral, sino también a quienes conducen institucionalmente el sindicato”, y por ello solicitan que la Fiscalía asegure los originales en poder de la conducción, a fin de determinar si existió intervención, omisión o encubrimiento en la circulación de documentos inconsistentes.

Las advertencias previas y el origen del conflicto

La disputa no surgió con esta denuncia: desde antes del cierre de listas, sectores internos alertaban sobre la falta de transparencia en el proceso electoral de SUTECBA. La Lista Celeste denunció públicamente que la Junta Electoral habría negado el acceso a documentación clave y exhibido listas incompletas o tachadas, pese a las exigencias del cronograma electoral.

Asimismo, señalaron presuntas irregularidades en la carga y publicación de nóminas, inconsistencias en la certificación de firmas y demoras en la entrega de actas. Estos episodios previos dieron origen a los primeros planteos judiciales y constituyen el antecedente inmediato del reclamo actual, que busca frenar cualquier intento de convalidar documentación que no pueda verificarse mediante pericia directa.

Libros, actas y documentación respaldatoria

Otro eje central está en la actuación de la escribana María Belén Lasalvia Caro, quien certificó la lista presentada ante la Junta Electoral. En su descargo, la profesional aseguró haber actuado sobre el Libro 144, pero los documentos agregados al expediente incluyen sellos que mencionan el Libro 143, lo que para la Lista Celeste constituye una contradicción que debe aclararse formalmente.

Además, solicitan que entregue las copias de DNI y firmas originales de todos los candidatos que dice haber conservado, y los folios del libro de requerimientos donde deberían constar las firmas ológrafas de los comparecientes. La verificación de esa información es considerada clave para reconstruir quiénes estuvieron presentes y qué documentos se certificaron realmente.

Un pedido final: preservar toda la prueba documental

La presentación judicial concluye con un pedido amplio: que se secuestre toda la documentación electoral en poder de la Junta Electoral del SUTECBA, incluyendo las planillas de todas las listas, actas y registros asociados.

El objetivo es impedir la manipulación del material mientras avanza la investigación y permitir que la fiscalía realice pericias sobre el “cuerpo del delito”, como denominan al conjunto de documentos cuya autenticidad está en duda. La Lista Celeste considera que la preservación de los originales es la única manera de garantizar que la justicia pueda determinar si hubo falsificación, ocultamiento o alteración del proceso electoral del gremio.