El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a seis años de prisión a una joven de 20 años que en marzo pasado fue detenida cuando transportaba 27 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un automóvil. La sentencia, difundida el 28 de noviembre, alcanzó a Candela Ayelén Aguirre, a quien los jueces Gabriela Catalano, Marta Snopek y Marcelo Juárez Almaraz calificaron como coautora del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
El tribunal ordenó también el decomiso del Chevrolet Cruze utilizado para el traslado de la droga. La condena se suma a la de su acompañante, Gastón Gabriel Garino, quien recibió en julio pasado una pena de tres años de prisión en suspenso mediante un acuerdo de juicio abreviado homologado por la Justicia federal.

La causa aún no está cerrada: la fiscalía informó que un tercer implicado, identificado como R. C., fue detenido el 11 de agosto en un control vehicular en Caucete, San Juan, tras un pedido de captura nacional e internacional. Se le atribuye participación en este hecho y en otra pesquisa en trámite.
El caso se originó el 9 de marzo pasado, durante un control de Gendarmería Nacional en la ruta 68, a la altura de Cafayate. En el vehículo viajaban Garino como conductor y Aguirre como acompañante. Ambos dijeron provenir de Orán y aseguraron que se dirigían a La Rioja.
La documentación del auto llamó la atención: ninguno figuraba como propietario. Los gendarmes detectaron tornillos removidos y marcas recientes en la barra de sujeción del tanque. Ya en la base de la fuerza, una requisa más profunda permitió hallar 30 paquetes de cocaína, equivalentes -según la fiscalía- a 25 kilos con una pureza superior al 70%, lo que representa más de 176 mil dosis.
Los testimonios del debate oral confirmaron estas observaciones y comprometieron la situación de Aguirre, pese a que un testigo intentó desligarla del hecho y la joven negó toda participación, insistiendo en que viajaba a Orán para comprar ropa para reventa.
Durante los alegatos, la fiscalía -a cargo de Paula Gallo, con la auxiliar fiscal Vanina Pedrana- subrayó una serie de evidencias: viajes frecuentes a la frontera cada quince días, siete líneas telefónicas activas (una con característica de Aguas Blancas), el uso simultáneo de varios aparatos y el manejo de un iPhone cuyo acceso la imputada no quiso facilitar.

Un analista en comunicaciones determinó que los cambios de línea coincidían con traslados hacia el norte del país. También se estableció que el auto usado para transportar la droga fue adquirido días antes mediante la entrega de un Volkswagen Fox que pertenecía a la joven.
Los peritajes sobre el celular del conductor revelaron mensajes con Aguirre previos al viaje, lo que indicaba que ambos circularon en vehículos distintos en la frontera. Además, surgió la activación de roaming de Bolivia en el teléfono de la acusada, sin registros migratorios que avalaran un cruce legal.
El análisis de antenas confirmó que los regresos desde la zona fronteriza se realizaban por rutas con escasos controles y con la asistencia de “coches punteros”.
Las redes sociales también fueron consideradas: Aguirre usaba perfiles vinculados entre sí -“Rosario” en Facebook y “importado rosario.ok” en Instagram- y mantenía interacciones con el tercer implicado. Un testigo mencionó que el nombre “Rosario” era una referencia a una protagonista de una serie criminal.
Para la fiscalía, todas estas evidencias acreditaron la coautoría de Aguirre en el transporte de la cocaína. “Ella no registra ninguna actividad laboral, ninguna cuenta bancaria, esto también llama la atención respecto a cómo pudo adquirir el vehículo VW Fox”, señaló Gallo al descartar la versión de que viajaba para comprar ropa.
Los jueces destacaron que, aunque la imputada no tiene antecedentes y su juventud opera como atenuante, es “una mujer de 20 años de edad” que “conoce acabadamente la peligrosidad y lo malo de su conducta”. Añadieron que no se acreditó “ningún justificativo para la comisión del delito”.
Con ese marco, el tribunal la declaró responsable, le impuso seis años de prisión y ordenó el decomiso del vehículo.