La presión ejercida por sectores de la derecha colombiana sobre el empresariado volvió a exponer la intensidad de la contienda rumbo a 2026. El intento de alinear a gremios y compañías contra Iván Cepeda surge tras un encuentro entre el senador y la Cámara de Comercio Colombo-Americana, donde el precandidato planteó abrir un diálogo amplio con actores sociales y económicos. Esa reunión detonó una ofensiva discursiva que busca instalar la idea de que cualquier vínculo con la izquierda representa un riesgo para la estabilidad económica del país. En este clima, las fronteras entre conversación institucional y posicionamiento político se vuelven difusas.
El fenómeno ocurre en un momento en que la derecha intenta recomponer su narrativa luego de la caída de la reforma tributaria del gobierno y de un mapa electoral incierto. Varios referentes, entre ellos Álvaro Uribe, han demandado que los empresarios rompan toda interlocución con Cepeda, presentándolo como la continuidad más radical del petrismo. Sin embargo, una parte del sector privado insiste en sostener espacios de diálogo para comprender eventuales reformas y escenarios futuros. Esa divergencia interna explica por qué el caso escaló más allá de lo mediático y se convirtió en un test de autonomía empresarial frente a presiones partidarias.
El episodio colombiano encuentra ecos en dinámicas observadas en otras democracias, donde actores políticos buscan que las empresas abandonen la neutralidad y adopten posiciones explícitas sobre liderazgos, agendas regulatorias o modelos económicos. En esos contextos, la narrativa ideológica suele funcionar como el principal vector de persuasión: advertencias sobre amenazas al mercado, la libertad o la seguridad institucional crean un terreno propicio para presionar al empresariado a alinearse con un bloque político. La reacción contra Cepeda replica ese patrón al presentar cualquier acercamiento como una señal de alarma.
A su vez, la disputa refleja una paradoja más amplia: las compañías desean concentrarse en sus operaciones, pero un entorno político polarizado las obliga a definirse. El riesgo, como muestran estudios comparados, es que la participación forzada erosione la legitimidad de ambos lados. La derecha puede sobredimensionar el impacto de su presión, mientras que la izquierda puede leer la cautela empresarial como resistencia estructural. El resultado es un escenario donde la conversación pública se reduce a dicotomías y pierde densidad técnica sobre las políticas realmente discutidas.
A los empresarios de @AmChamCol: hagan memoria y reflexionen.
— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) December 10, 2025
Petro se reunió con empresarios judíos prometiéndoles apertura y, ya en el poder, terminó estigmatizándolos. Con Iván Cepeda, el candidato del continuismo, pasará igual o peor.
“Por donde a tu casa entran, por ahí… https://t.co/OWlTxLqXw8 pic.twitter.com/ryefWIpSfW
La controversia introduce un elemento sensible en la contienda: si Cepeda lidera en encuestas preliminares, la presión sobre empresarios puede convertirse en un boomerang. Al cerrar canales de diálogo, la derecha refuerza la percepción de que el precandidato es objeto de un cerco político más que de un debate de fondo. Esa dinámica lo impulsa a presentarse como defensor de una revolución ética sustentada en consensos, un marco que gana tracción entre sectores que buscan previsibilidad institucional más allá de las etiquetas ideológicas. Así, la estrategia de bloqueo podría fortalecer la narrativa del propio Cepeda.
Iván Cepeda ayer reunido con los empresarios pic.twitter.com/AbiLmpy27C
— Ariel Ricardo Armel (@arielarmelv) December 10, 2025
En el plano económico, la polémica anticipa los dilemas que marcarán 2026: la relación entre Estado y sector privado, el alcance de futuras reformas y la capacidad del próximo gobierno para estabilizar expectativas. Si las empresas perciben que cualquier diálogo será interpretado como apoyo político, la posibilidad de construir acuerdos mínimos se debilita. Lo que está en juego no es solo la campaña, sino el modelo de gobernanza que emergerá después. En última instancia, la presión partidaria sobre el empresariado pone a prueba los límites de la autonomía económica en un país que busca reducir la polarización sin renunciar al debate democrático.