Consolidando apoyos
12/12/2025 - Edición Nº1039
Política
Dos frentes, un problema
Por qué Llayora está al límite con la Caja de Jubilaciones: su carta bajo la manga
11/12/2025 | El déficit previsional desató un conflicto político y gremial sin precedentes en Córdoba.
El gobernador Martín Llaryora analiza medidas de emergencia para frenar el rojo de la Caja de Jubilaciones.
La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a colocarse en el centro de la escena política. Con un déficit que supera los 700 mil millones de pesos y un Presupuesto 2026 que anticipa un rojo todavía mayor, el gobernador Martín Llaryora enfrenta un frente de conflicto simultáneo: la presión de los gremios estatales, la falta de fondos nacionales y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal que el peronismo provincial exhibe desde hace dos décadas.
En ese contexto explosivo, el mandatario tiene una jugada final que ya se discute en el Centro Cívico: una consulta popular para definir el futuro del sistema previsional cordobés.
Un déficit que amenaza el equilibrio provincial
La magnitud del rojo previsional quedó expuesta en el Presupuesto 2026. El gasto total de la Caja trepa a $2,63 billones, mientras que los aportes y contribuciones de trabajadores activos apenas alcanzan el 69% de ese monto. El déficit operativo proyectado llega así a $821.292 millones.
El problema se agrava porque la Nación no garantiza los giros históricos que compensaban la “armonización” previsional acordada hace años. Actualmente, Córdoba recibe apenas $5.000 millones mensuales -solo el 5% del déficit- en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema.
Los técnicos estiman que la Caja necesita $20.000 millones mensuales para sostenerse. La diferencia debe cubrirla el Tesoro provincial, presionando un presupuesto que además resignará ingresos por la rebaja impositiva anunciada por el ministro Guillermo Acosta.
“El déficit de la Caja es inmanejable y ya se empieza a ver el precipicio”, advirtió el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres.
Los gremios, en pie de guerra
El proyecto del Presupuesto 2026 habilita al gobernador a aumentar hasta 4 puntos los aportes personales de los empleados públicos con salarios más altos. La medida apunta a cuatro sectores clave: judiciales, bancarios, Luz y Fuerza y Suoem.
Los sindicatos reaccionaron de inmediato. Una veintena de gremios emitió un comunicado conjunto donde rechazan cualquier aumento unilateral de aportes, se oponen a un eventual tope de $2,5 millones para las jubilaciones más altas y exigen eliminar el diferimiento jubilatorio.
La protesta será masiva: marcharán a la Legislatura el día de la votación final del Presupuesto y ya anticipan nuevas movilizaciones.
Los estatales también cuestionan al Gobierno nacional por la falta de transferencias de la ANSES, recordando que Córdoba resignó recursos en el acuerdo de armonización previsional y que el envío de fondos no es un favor sino una obligación legal.
Llaryora endurece su postura
En el Centro Cívico insisten en que el ajuste es inevitable. Además del aumento de aportes, el oficialismo mira con buenos ojos el proyecto del legislador socialista Matías Chamorro, un aliado del Gobierno, que propone:
- Topear las jubilaciones en $2,5 millones.
- Pagar el excedente con títulos de deuda previsional.
- Garantizar el 82% móvil a los haberes más bajos.
Según los borradores legislativos, esta propuesta permitiría reducir el déficit en unos $250 mil millones. Para los gremios, no es más que un recorte encubierto.
En paralelo, el Gobierno descarta aumentar la cantidad de aportantes prolongando la vida laboral de policías o docentes, quienes representan el 80% del personal activo.
La “mesa de trabajo” que pende de un hilo
La Legislatura conformó una mesa de diálogo entre oficialismo y gremios para discutir alternativas al déficit. Sin embargo, si el Presupuesto se aprueba con el polémico artículo que permite subir aportes, la relación podría romperse de inmediato.
“Sin diálogo real, solo se profundiza el deterioro del sistema previsional”, advirtieron los estatales.
La carta bajo la manga: una consulta popular
Aunque en el Gobierno la mencionan como “última opción”, la posibilidad existe: convocar a una consulta popular para que los cordobeses definan el futuro de la Caja.
La Constitución provincial habilita este mecanismo, aunque requiere dos tercios de los votos en la Legislatura. Con la actual composición política, lograr ese número parece difícil, pero la sola amenaza presiona a los gremios.
Un funcionario del entorno de Llaryora lo sintetizó así: “En algún momento habrá que discutir si 3,2 millones de cordobeses deben sostener que 116 mil jubilados cobren haberes mucho más altos que los nacionales”. Según cifras oficiales, 16.000 de esos jubilados reciben un promedio de 3,6 millones de pesos.
Un sistema al borde y una decisión política inminente
Mientras la tensión crece en la calle y en la Legislatura, el Gobierno provincial se encamina a tomar una decisión que marcará su agenda 2026: aumentar aportes, achicar el déficit previsional y avanzar hacia una reforma estructural de la Caja.
La presión es enorme y el margen es mínimo: el equilibrio fiscal, bandera histórica del peronismo cordobés, está en juego.
