La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) imputó al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque y a su esposa por el presunto delito de lavado de activos en torno a la compra de un lote de 70.000 dólares en un barrio cerrado de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. El exmagistrado, que cumple prisión domiciliaria y enfrenta múltiples causas por corrupción, vuelve así al centro de una investigación penal.
A pedido del auxiliar fiscal Esteban Venditti, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó una medida de no innovar sobre el inmueble y trabó embargos por 414 millones de pesos para cada uno de los acusados, ante la posibilidad de un futuro decomiso. La imputación fue formalizada por el fiscal de PROCELAC Rosario, Juan Argibay, quien detalló que el matrimonio habría utilizado fondos ilícitos para celebrar, el 24 de agosto de 2020, un contrato oneroso con la constructora EDECA SA por una unidad funcional del emprendimiento “Vida Barrio Cerrado”.
El fiscal sostuvo además que Bailaque y su esposa administraron conjuntamente el terreno hasta la actualidad, conducta que encuadró en el delito de lavado de activos en calidad de coautores. Durante la audiencia, el juez Da Cruz destacó la solidez de la investigación y autorizó todas las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
Uno de los puntos más comprometedoras para el exjuez surge de la declaración del financista Fernando Whpei, imputado arrepentido en otra causa que lo vincula con Bailaque y el exfuncionario aduanero Carlos Vaudagna por presuntos pedidos de coimas a empresarios rosarinos. Whpei relató que, al entregarle dinero al magistrado, este le comentó su intención de invertir en terrenos y que él lo conectó con un gerente de EDECA SA.
El gerente no solo confirmó el vínculo, sino que declaró espontáneamente que recibió de manos de Bailaque 35.000 dólares como anticipo y otros 35.000 al cerrar la operación. Ese testimonio se ve reforzado por un peritaje al celular del directivo, donde constan chats con el exjuez, reuniones para recorrer el country y referencias a la firma del contrato ante escribano en junio de 2020.
Otro elemento citado por la fiscalía es un expediente por presunta evasión agravada de IVA que tramitaba en el Juzgado Federal N°4 -entonces a cargo de Bailaque- contra la propia EDECA SA. Aunque la AFIP y la fiscalía habían pedido indagatorias, el juez dispuso la prescripción de la causa en 2021, pocos meses después de la operación inmobiliaria.
Como complemento, el MPF presentó documentos patrimoniales del matrimonio y la falta de movimientos financieros que justifiquen el origen de los dólares utilizados para la compra del lote. Con estos elementos, la causa por lavado avanza hacia nuevas medidas mientras continúa la recolección de evidencia.
