Antes de dejar su banca, la exdiputada Carolina Yutrovic presentó un proyecto de ley que reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano esencial, garantizado por el Estado de forma universal.
La iniciativa, titulada “Derecho Humano al Agua”, propone fijar obligaciones concretas para los prestadores de servicios y para los gobiernos en todos sus niveles.
“El acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente (…) es un derecho humano fundamental de todos los habitantes de la Nación Argentina”, establece el artículo 1 del texto.
El artículo 2 del proyecto señala que en la utilización del agua deberá privilegiarse “los usos domiciliarios y domésticos y las actividades productivas de subsistencia”.
A su vez, el artículo 3 detalla que el derecho humano al agua comprende tres ejes:
Según el artículo 4, el Estado deberá ofrecer “los medios y las condiciones” para satisfacer las necesidades básicas de quienes aún no acceden formalmente al servicio.
Además, se establece un punto central: los prestadores no podrán interrumpir el suministro por falta de pago, debiendo garantizar un mínimo indispensable para fines vitales.
En tanto, el artículo 6 obliga a que los costos del servicio -público o privado- sean “asequibles a todos, especialmente a los sectores vulnerables”.
En los fundamentos, Yutrovic describe una situación crítica en materia de acceso al agua potable en Argentina.
“El 20% de la población argentina carece de acceso a agua potable”, advierte, señalando que en los barrios populares el acceso formal a agua y cloacas alcanza apenas al 11,6% y 2,5%, respectivamente.
La exdiputada asegura que numerosas familias dependen de “fuentes de agua contaminadas”, mientras otras caminan kilómetros hasta ríos o esperan camiones cisterna. A ello se suma que “las redes de distribución en muchos centros urbanos son obsoletas” y no acompañan el crecimiento demográfico.
“Es simple: sin agua no se puede vivir”, resume Yutrovic, destacando que la falta de agua de calidad afecta tanto la salud de las personas como las actividades agrícolas y ganaderas de subsistencia.
En el proyecto, la exlegisladora sostiene que el proyecto se enmarca en estándares internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación General Nº 15, que define al agua como “un recurso natural limitado y un bien público para la vida y la salud”.
También cita la Resolución 64/292 de Naciones Unidas, aprobada en 2010, que reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueven acceso universal, disponibilidad, asequibilidad y seguridad.
“La tendencia universal -sostiene Yutrovic- es la de reconocer de manera positiva el derecho humano al agua (…) porque el acceso al agua potable es una necesidad fundamental del ser humano y un derecho básico humano”.