La causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a allegados al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, dio un giro relevante este viernes tras el allanamiento realizado en una finca de Pilar. La Sala I de la Cámara Federal resolvió que el expediente sea remitido al fuero penal económico, una decisión que reordena el trámite judicial y eleva el perfil del caso.
El traslado implica que el juez federal Daniel Rafecas deberá enviar la causa al Juzgado Penal Económico Nro. 10, a cargo de Marcelo Aguinsky, donde se concentran las investigaciones por delitos financieros complejos. El cambio de jurisdicción no es meramente formal: redefine el enfoque de la pesquisa y pone el acento en el análisis del patrimonio, los movimientos de fondos y la estructura societaria bajo sospecha.
Hasta ahora, la investigación se desarrollaba en el fuero federal porteño, con Rafecas al frente del expediente. En sus últimas horas a cargo de la causa, el magistrado dispuso una serie de medidas clave, entre ellas el embargo preventivo de la finca ubicada en Villa Rosa, Pilar, la inmovilización de los bienes muebles hallados en el predio y el levantamiento del secreto fiscal de Wicca S.A.S., firma que había sido propietaria de la vivienda del country Ayres.
La Cámara entendió que, por la naturaleza de los hechos investigados y el posible encuadre delictivo, la causa debía continuar su trámite en el fuero penal económico. Allí, el foco estará puesto en determinar si existieron maniobras de lavado de activos, ocultamiento de bienes y utilización de sociedades para encubrir el origen de los fondos.
El disparador inmediato del cambio de fuero fue el allanamiento realizado este viernes en una finca vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. La medida se enmarca en la causa que investiga a Ariel Vallejo, señalado como allegado a Tapia, por presuntas maniobras de lavado a través de la financiera Sur Finanzas.
La propiedad figura registrada a nombre de Real Central SRL, sociedad controlada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Durante el procedimiento, los peritos designados por el juzgado -tres de la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro- realizaron un relevamiento integral del lugar y se encontraron con un galpón de grandes dimensiones que concentraba un patrimonio vehicular de alto valor.
En total, se contabilizaron 54 vehículos: 45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, todos formalmente propiedad de Real Central SRL. Los bienes fueron inmovilizados y comenzaron a ser tasados como parte de la reconstrucción del flujo patrimonial, una tarea que ahora continuará bajo la órbita del fuero penal económico.
El avance de la causa se produce en un contexto de creciente tensión política entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA, con Tapia convertido en un actor central de esa disputa. El pase del expediente a un fuero especializado en delitos económicos marca una nueva etapa en la investigación y refuerza la dimensión financiera de un caso que ya excede el plano estrictamente judicial.