Corrupción en la ANDIS
12/12/2025 - Edición Nº1039
Política
Obligado a cumplirla
Tras el fallo por Discapacidad, la Justicia puede exigir otra ley al Gobierno
12/12/2025 | El antecedente abre un frente legal para otra norma aprobada por el Congreso y suspendida por el Ejecutivo.
La ley de Emergencia en Discapacidad fue frenada por decreto y la Justicia ordenó aplicarla.
La Justicia federal ordenó esta semana que el Gobierno nacional ponga en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso a mediados de 2025 y suspendida por el Poder Ejecutivo mediante un decreto que la dejó sin implementación.
El fallo establece que el Gobierno no puede frenar la aplicación de una ley votada utilizando un decreto administrativo, y exige avanzar con todas las medidas previstas: actualización de pensiones, agilización de trámites, cobertura de insumos y financiamiento para prestaciones esenciales.
El criterio judicial es claro: si una ley está vigente, el Poder Ejecutivo debe cumplirla, aun cuando no esté de acuerdo con su contenido.
Este antecedente encendió alertas en otros sectores que atraviesan un conflicto similar.
El otro frente: la Ley de Financiamiento Universitario
La otra gran norma que podría correr la misma suerte es la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente (Ley 27.795), aprobada por el Congreso en agosto de 2025 con amplio apoyo político.
La ley fija objetivos clave:
- Elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI.
- Actualizar fondos por inflación.
- Garantizar partidas para infraestructura, becas, investigación y extensión.
- Mejorar el salario de docentes y no docentes.
Fue una respuesta al deterioro estructural del sistema universitario público y a meses de conflictos entre las instituciones y el Poder Ejecutivo.
Qué hizo el Gobierno tras su aprobación
El gobierno de Javier Milei vetó inicialmente la ley, alegando incompatibilidad fiscal. Más tarde, en octubre de 2025, la promulgó pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso disponga de dónde saldrán los fondos.
Distintas universidades y gremios entienden que esta maniobra vacía la ley sin anularla, y que un decreto no puede condicionar la vigencia de una norma aprobada por ambas cámaras.
Quiénes hicieron la denuncia y por qué
El conflicto escaló cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a todos los rectores del país, decidió presentar un amparo colectivo para exigir la aplicación inmediata de la ley.
También se sumaron sindicatos universitarios, como CONADU Histórica, que vienen de semanas de paros y protestas.
Los argumentos centrales son dos:
- Violación del principio de supremacía de la ley: un decreto no puede contradecir una ley aprobada por el Congreso.
- Afectación de derechos esenciales: la suspensión de fondos compromete el funcionamiento básico de las universidades públicas.
Estado de la causa
La presentación judicial se encuentra en trámite. Todavía no hay fallo de fondo, pero el antecedente de la Ley de Discapacidad fortalece las chances de que la Justicia intervenga en favor de las universidades.
Los jueces ya demostraron que consideran inconstitucional suspender leyes votadas por el Congreso sin un mecanismo válido previsto por la Constitución.
Qué podría pasar ahora
Si los tribunales avanzan en línea con lo resuelto en el caso de Discapacidad, podrían ordenar:
- Aplicación plena e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Asignación de partidas en el presupuesto nacional.
- Actualización de fondos según la fórmula que fija la ley.
- Recomposición salarial obligatoria para docentes y no docentes.
La decisión podría convertirse en otro golpe institucional para el Gobierno y un precedente fuerte de cómo debe manejarse la relación entre decretos administrativos y leyes votadas democráticamente.
Un precedente que cambia el escenario
La intervención judicial en el caso de Discapacidad dejó en claro que el Poder Ejecutivo no puede dejar en pausa leyes sancionadas por el Congreso.
Y ahora, el sistema universitario público espera que ese mismo criterio se aplique en su favor.
En un escenario de tensión política y presupuestaria, la Justicia vuelve a posicionarse como árbitro clave entre el Gobierno y las decisiones del Parlamento.
