La tragedia ocurrió en la madrugada del martes 9 de diciembre, a un costado de la ruta provincial 60, en el partido bonaerense de Coronel Suárez, y tuvo como protagonistas a un padre, su hijo de apenas cuatro años y una serie de advertencias que no alcanzaron para evitar el desenlace.
Gustavo Suárez, de 48 años, estacionó el camión que conducía a unos 150 metros de la traza, llamó por teléfono a su ex pareja y le anticipó lo que estaba a punto de hacer. Minutos después, asesinó al niño y se suicidó de un disparo en la cabeza.
La mujer, Daiana García, sargento de la Policía Comunal y madre del menor, dio aviso inmediato a sus compañeros para que acudieran al lugar. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a ambos dentro del vehículo, con heridas de arma de fuego en la cabeza. El chico todavía presentaba algunos signos vitales y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente falleció.

El crimen se produjo pese a que Suárez contaba con dos pedidos de restricción de acercamiento solicitados por la madre del niño, quien había advertido a la Justicia sobre el riesgo que corría su hijo.
El primer planteo fue realizado en agosto de 2025 ante un juez de paz, cuando García solicitó una medida cautelar para impedir el contacto del hombre con ella y con el menor. En esa presentación, sostuvo que el niño estaba en peligro. Sin embargo, el magistrado desestimó la solicitud al considerar que no existía “un riesgo extremo que torne necesario disponer la suspensión del régimen de comunicación paterno-filial”, aunque ordenó “el cese inmediato de los actos de perturbación y/o intimidación contra Francisco Suárez”.
Lejos de conformarse con esa decisión, la mujer volvió a insistir. El pasado 8 de noviembre presentó un nuevo pedido ante el Juez de Garantías de Bahía Blanca, Alberto Antonio Manzi. Allí denunció que Suárez ejercía amenazas, violencia psicológica y que utilizaba al niño como “instrumento de manipulación y sometimiento”.
En ese mismo escrito, García también relató que el hombre forzaba al pequeño a insultarla, una conducta que, según advirtió, evidenciaba un contexto de hostigamiento persistente que no fue frenado a tiempo.
Pese a esas advertencias y a los antecedentes judiciales, el régimen de contacto se mantuvo. Menos de un mes después del último pedido, el conflicto terminó de la peor manera.