Orden de Sugeval al Banco de Costa Rica: qué esconde el caso PEP

La orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) al Banco de Costa Rica (BCR) para que realice aportes adicionales de capital a su sociedad administradora de fondos no es un episodio aislado, sino el reflejo de una relación tensa entre el regulador y una de las principales entidades financieras públicas del país. El caso del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) se ha transformado en un símbolo de cómo una operación inmobiliaria cuestionada puede escalar hacia un problema sistémico de confianza y supervisión.

Más allá de las cifras, la intervención de Sugeval pone sobre la mesa el rol del Estado como propietario y garante indirecto del BCR. La discusión ya no se limita a una compra específica, sino a la capacidad institucional para anticipar riesgos, corregir errores y proteger a los inversionistas cuando una decisión estratégica compromete recursos relevantes del sistema financiero.

Costa Rica 

El impacto del caso PEP en la supervisión

La adquisición del Parque Empresarial del Pacífico por parte de un fondo administrado por BCR SAFI, a un valor muy superior al de transacciones previas del mismo activo, activó alarmas dentro y fuera del mercado. Para Sugeval, la operación evidenció debilidades en los procesos de valoración y control interno, lo que justificó la exigencia de un refuerzo patrimonial que funcione como colchón ante eventuales pérdidas.

Desde la óptica del regulador, la orden de capitalización no es una sanción política, sino una herramienta preventiva. El objetivo declarado es blindar a los inversionistas del fondo y asegurar que la administradora cuente con respaldo suficiente para enfrentar contingencias, aun cuando el banco haya cuestionado la medida y recurrido a instancias judiciales para intentar frenarla.

Es la encargada de velar por su transparencia, la formación correcta de los precios en este, la protección de los inversionistas y la difusión de la información necesaria para asegurar la consecución de estos fines.

Consecuencias para la banca pública

El conflicto entre Sugeval y el BCR deja una lección incómoda para la banca estatal: la autonomía operativa no exime del escrutinio riguroso. Cuando una entidad pública administra fondos de terceros, su margen de error se reduce y la tolerancia regulatoria se vuelve mínima, especialmente en un contexto de alta sensibilidad social respecto al uso de recursos financieros.

Banco de Costa Rica es un banco comercial estatal que opera en Costa Rica. Con un capital de 806.606.710 dólares y activos de 7.607.483.881 dólares, el banco se ha establecido como una de las compañías bancarias más fuertes tanto en Costa Rica como en Centroamérica.

A mediano plazo, el caso podría acelerar cambios en los estándares de gobernanza y en la relación entre bancos públicos y supervisores. La exigencia de capital adicional marca un precedente que refuerza la idea de que la estabilidad del sistema y la protección del ahorrante prevalecen sobre consideraciones políticas o corporativas, incluso cuando el protagonista es un banco del Estado.