La decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones contra Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, cerró un capítulo de alta tensión diplomática que había escalado más allá de los canales habituales entre ambos países. La medida, adoptada tras varios meses de fricciones, había sido interpretada en Brasil como una injerencia directa en su sistema judicial, con efectos políticos que trascendieron la figura del magistrado y alcanzaron al propio gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky, marcaron un hecho sin precedentes en la relación bilateral: un juez de la máxima corte brasileña señalado por Washington en el marco de disputas internas vinculadas al bolsonarismo y a la respuesta institucional frente a los intentos de desestabilización democrática. Su levantamiento no borra el conflicto, pero reformula el terreno sobre el que se procesan las diferencias entre dos democracias con intereses estratégicos compartidos.
El giro de la Casa Blanca responde a una recalibración de prioridades en la política exterior estadounidense, donde Brasil vuelve a ocupar un lugar central como socio regional clave. La persistencia de las sanciones había generado incomodidad en foros multilaterales y alimentado un discurso de victimización institucional que fortalecía la narrativa de soberanía frente a presiones externas. En ese contexto, su levantamiento aparece como un gesto destinado a descomprimir tensiones y restaurar canales de cooperación política y económica.
Para el gobierno brasileño, la decisión refuerza la posición de que el conflicto debía resolverse por la vía diplomática y no mediante medidas punitivas unilaterales. La figura de Moraes, cuestionada por sectores conservadores por su rol en causas sensibles, se convierte así en un símbolo de la defensa del orden constitucional, mientras Brasil recupera margen para proyectarse como un actor institucionalmente estable ante sus socios internacionales.
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— Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2025
The US Treasury Department lifted sanctions on Brazil Supreme Court Judge Alexandre de Moraes.
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El episodio deja planteada una discusión de fondo sobre los límites de la presión internacional sobre los poderes judiciales nacionales. La utilización de sanciones personales contra un magistrado abrió un precedente incómodo que generó alertas en otros países de la región, preocupados por la posibilidad de que disputas políticas internas se trasladen al terreno de la diplomacia coercitiva. El levantamiento de la medida sugiere un reconocimiento implícito de ese riesgo.
EE. UU. retira las sanciones contra al juez que presidió la condena contra Bolsonaro
— DW Español (@dw_espanol) December 13, 2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones que pesaban sobre el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, quien encabezó la condena del… pic.twitter.com/Yb2E68cleD
En perspectiva, el caso Moraes evidencia cómo la intersección entre justicia y geopolítica puede tensionar alianzas históricas. Estados Unidos optó finalmente por priorizar la estabilidad del vínculo con Brasil antes que sostener una señal punitiva de alto costo político. El desenlace no cierra el debate sobre el rol del Poder Judicial brasileño, pero sí redefine el marco en el que Washington decide intervenir, marcando un límite que difícilmente sea ignorado en futuras crisis.