13/12/2025 - Edición Nº1040
Política
Derechos en tensión
Dos años de Protocolo Antipiquetes: el dato de Amnistía que alarma al Gobierno
13/12/2025 | Amnistía Internacional alertó por una escalada represiva, ataques sistemáticos a la prensa y pidió que la Justicia declare inconstitucional la norma impulsada por el Ministerio de Seguridad.
Protesta en la Ciudad de Buenos Aires bajo la aplicación del Protocolo Antipiquetes, cuestionado por organismos de derechos humanos.
A dos años de la entrada en vigencia del Protocolo Antipiquetes, el balance que hacen los organismos de derechos humanos es contundente: más de 2.500 personas heridas, cientos de detenciones y un deterioro sostenido del derecho a la protesta en la Argentina. El informe difundido por Amnistía Internacional vuelve a poner en el centro del debate una de las políticas más controvertidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La Resolución 943/2023, denominada oficialmente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, habilita la intervención de fuerzas federales ante cualquier manifestación que afecte el tránsito, incluso sin orden judicial. Para los organismos, la norma contradice estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y transforma el ejercicio del derecho a la protesta en una práctica criminalizada.
Las cifras reflejan una escalada preocupante. Entre 2024 y 2025 se registraron al menos 2.557 personas heridas por balas de goma, gases lacrimógenos, golpes con bastón y otras formas de violencia estatal. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, en 2025 hubo 1.341 heridos y 165 detenidos, un 77% más de detenciones que el año anterior, en su mayoría calificadas como arbitrarias.
Los casos más graves incluyen cuatro pérdidas oculares permanentes. El 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras un disparo de la Prefectura Naval durante una movilización de jubilados. Meses después, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una protesta en las inmediaciones del Congreso de la Nación, reforzando las denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza.
La represión también alcanzó de lleno al periodismo. Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron heridos mientras cubrían manifestaciones. El caso más emblemático es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en una protesta en la Ciudad de Buenos Aires. Para Amnistía, estos episodios buscan generar un efecto disciplinador: desalentar la protesta y silenciar su registro.
Frente a este escenario, Amnistía Internacional impulsa una acción de amparo para que el Poder Judicial declare la inconstitucionalidad del Protocolo. A dos años de su implementación, la norma aparece como un símbolo de una política de seguridad que tensiona derechos básicos y profundiza el conflicto entre el Estado y la protesta social, en un contexto económico y social cada vez más frágil.
