14/12/2025 - Edición Nº1041

Política

Conflicto ambiental

Golpe a Lunghi en Tandil: qué reveló el fallo por agroquímicos en el agua

14/12/2025 | La Procuración bonaerense recomendó suspender la ordenanza que regula las fumigaciones. El dictamen advierte riesgos ambientales y sanitarios y vuelve a poner a la gestión municipal bajo la lupa.



La polémica por el uso de agroquímicos volvió a sacudir a Tandil y dejó a la gestión de Miguel Lunghi en una posición incómoda. Un dictamen del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, recomendó a la Suprema Corte suspender la ordenanza local que regula las fumigaciones por no ajustarse a los estándares ambientales vigentes a nivel provincial y nacional.

El planteo se originó a partir de una acción judicial impulsada por los Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleofú, integrada por vecinos de Tandil, Gardey y Vela, que denunciaron la aplicación de agroquímicos cerca de espejos y cursos de agua. Estudios realizados junto a universidades y laboratorios públicos detectaron la presencia de Glifosato, Atrazina y 2,4-D en muestras de agua de la cuenca.

El dictamen advierte que la normativa municipal permite distancias de aplicación que podrían resultar insuficientes. Mientras fallos previos de la Corte fijaron márgenes mínimos de hasta 1.000 metros, la ordenanza tandilense habilita fumigaciones a 30 o 50 metros, lo que fue considerado una posible violación constitucional al derecho a un ambiente sano.

“El resultado es lapidario”, sostuvo el abogado ambientalista Joaquín Benavídez, quien remarcó la urgencia del caso por la llegada del verano y el uso recreativo de balnearios donde se bañan familias y niños. Además, cuestionó la falta de controles municipales y señaló que los estudios debieron ser realizados por organismos oficiales y no por la sociedad civil.

El conflicto reabre un frente sensible para Lunghi en un contexto político adverso, marcado por el desgaste de su gestión y crecientes reclamos vecinales. Ahora, la decisión queda en manos de la Suprema Corte bonaerense, que deberá definir si suspende la ordenanza mientras analiza el fondo del caso, en una causa que vuelve a poner en tensión política, ambiente y salud pública.