El Gobierno apura la reforma laboral en el Senado: por qué el martes puede ser clave

El Gobierno nacional firmó y envió al Senado, en la madrugada del jueves y con el presidente Javier Milei aún en Aeroparque, el proyecto de reforma laboral incluido en el temario de sesiones extraordinarias. El objetivo del Poder Ejecutivo es ambicioso: alcanzar la media sanción antes del 31 de diciembre y avanzar en paralelo con la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, de modo de dejar ambos temas listos para una sanción definitiva en febrero.

Con esa meta, comenzó a moverse la conducción del bloque libertario en el Senado. Patricia Bullrich intentó, sin éxito, acelerar la conformación de las comisiones durante la semana que cerró, una demora que preocupa al oficialismo ante la cercanía de las fiestas y los tiempos acotados de la Cámara alta. El próximo martes habrá una reunión de Labor Parlamentaria en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel para intentar destrabar el esquema de comisiones y comenzar el tratamiento del proyecto.

Las propias voces oficialistas reconocen que el escenario es complejo. La iniciativa contiene casi 200 artículos y aborda una amplia variedad de temas, lo que dificulta un trámite exprés. Además, los bloques aliados que resultan clave para el quórum reclaman un debate sin plazos forzados. Aun en el mejor de los casos, si hubiera dictamen a mitad de semana, el tratamiento en el recinto recién podría darse en la siguiente, con el calendario marcando el 24 de diciembre.

Las primeras alertas llegaron desde sectores de la oposición. La senadora jujeña Carolina Moisés, referente del bloque Convicción Federal dentro de Unión por la Patria, cuestionó el ingreso del proyecto por el Senado y advirtió que “la Constitución no es un trámite”. Según sostuvo, la reforma debería haber iniciado su recorrido en la Cámara de Diputados, ya que el texto incluye modificaciones a tributos nacionales. En ese sentido, citó el artículo 52 de la Constitución, que establece que las leyes impositivas deben tener origen en Diputados, y señaló que el proyecto contempla cambios en el IVA y el impuesto a las Ganancias.

La polémica, por ahora, no escaló formalmente más allá de cruces discursivos y debates en redes, pero en el peronismo sostienen que el planteo podría convertirse en una herramienta para una eventual judicialización si la ley avanzara. Fuentes parlamentarias aseguran que la advertencia generó inquietud en sectores del oficialismo.

En términos de votos, Unión por la Patria aspira a reunir al menos 28 voluntades si logra mantener la cohesión interna, con especial atención puesta en los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, vinculados al espacio del gobernador Claudio Vidal, de origen sindical. En ese contexto, el lobby de la CGT ya comenzó a desplegarse en los despachos del Senado.

Del lado del oficialismo, el poroteo preliminar parte de 20 bancas propias, a las que se sumó recientemente el cordobés Luis Juez a través de un interbloque. A eso se agregan apoyos considerados seguros de tres senadores del PRO y tres de la UCR, lo que eleva el número a 27 votos. Con ese piso, en La Libertad Avanza calculan una “pecera” de una decena de senadores a los que buscar para alcanzar el quórum de 37 presentes.

Entre los posibles aliados figuran legisladores radicales y representantes de bloques provinciales alineados con gobernadores dialoguistas, además de algunos peronistas de provincias del norte. Sin embargo, todavía hay un grupo de senadores que permanece en duda y cuya definición será clave para el destino del proyecto. Con un escenario ajustado y tiempos que corren en contra, la modernización laboral asoma como una de las discusiones más sensibles del cierre del año parlamentario.

GZ