La Inspección General de Justicia (IGJ) lanzó una dura ofensiva contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la extinta Superliga, al acusarlas de haberse manejado “al margen de la ley” durante años y de sostener una estructura de impunidad basada en la falta de rendición de cuentas. En ese marco, el organismo anunció la citación a los auditores que certificaron balances por cifras millonarias sin el correspondiente detalle ni aprobación formal.
El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, sostuvo que tanto la AFA como los organismos internacionales del fútbol se comportan como si fueran “países independientes”, con reglas propias, intentando sustraerse de la Justicia ordinaria y de las normas vigentes en la Argentina. Según explicó, esta lógica permitió que durante años se omitiera responder requerimientos formales sobre balances no aprobados, rubros genéricos y montos millonarios sin desagregación.
Vítolo remarcó que, a diferencia de lo que ocurre con sociedades comerciales o pymes -donde el control es meramente formal-, en el caso de las asociaciones civiles los balances solo tienen validez cuando son aprobados por la autoridad de contralor. En ese sentido, afirmó que la AFA viene funcionando “desde hace ocho años con balances no aprobados” y con reformas estatutarias que tampoco cuentan con aval legal, sin que hasta ahora se adoptaran medidas concretas.
El funcionario también denunció intentos de maniobras irregulares, como la creación de una supuesta universidad sin habilitación oficial ni carreras aprobadas, y un plan para incorporar funcionarios públicos al Consejo Directivo con el objetivo de “blindarse políticamente”, iniciativa que fue rechazada por la IGJ. A esto se suma, según indicó, un intento de mudar la jurisdicción de la AFA a la provincia de Buenos Aires para eludir controles, una acción que consideró “absolutamente nula” por no haber regularizado previamente su situación en la jurisdicción de origen.
Respecto del funcionamiento interno del fútbol, Vítolo cuestionó que los estatutos de la AFA y de las federaciones afiliadas prohíban recurrir a la justicia local, obligando a dirimir conflictos únicamente en tribunales arbitrales vinculados a la propia estructura del fútbol internacional. Señaló que este esquema refuerza un sistema cerrado y opaco que se sostuvo durante años sin controles efectivos.
En cuanto a la ex Superliga, el titular de la IGJ aseguró que replica las mismas prácticas que la AFA. Indicó que administra derechos de transmisión por montos multimillonarios y que, pese a requerimientos reiterados durante años, no informó cómo se distribuyeron sumas que alcanzan decenas de millones de dólares entre los clubes.
Ante este escenario, Vítolo advirtió que la IGJ no tolerará más dilaciones. Si no hay respuestas concretas, el organismo avanzará con la designación de veedores con facultades para acceder a cuentas y documentación, incluso con auxilio de la fuerza pública. Además, confirmó la apertura de sumarios contra los auditores que validaron los balances, a quienes se les exigirá que expliquen cómo se conformaron los montos certificados.
Por último, el titular de la IGJ aclaró que el objetivo no es intervenir en lo deportivo, sino poner fin a lo que definió como “ocho años de absoluta impunidad”. Aunque no descartó solicitar medidas más drásticas en el futuro, sostuvo que el foco inmediato está puesto en exigir explicaciones claras, documentadas y ajustadas a derecho sobre el manejo de fondos millonarios que, hasta ahora, nunca fueron debidamente justificados.
GZ