Radiografía política de la reforma laboral

La reforma laboral llegará al Congreso con un tono de urgencia y de revancha. Es el segundo intento serio del Gobierno por cambiar el régimen de trabajo: el primero fue el capítulo laboral del DNU 70/2023, frenado por la Justicia laboral y declarado inconstitucional en sus artículos centrales. Ahora la apuesta es una “Ley de Modernización Laboral” de 197 artículos que se discute en sesiones extraordinarias y que toca casi todo: desde la Ley de Contrato de Trabajo hasta el régimen sindical, las indemnizaciones, el blanqueo de empleo y la regulación de nuevas formas de trabajo. Propone pagar salarios en moneda extranjera, crear un “banco de horas” para compensar extras, abaratar despidos mediante fondos alternativos de indemnización y limitar facultades gremiales, sobre todo en tomas de planta y huelgas en servicios esenciales.

El escenario parlamentario arranca en el Senado, donde se prepara una nueva pulseada. El oficialismo cuenta de base con sus 20 senadores y el de Luis Juez, que abandonó el PRO para alinearse con La Libertad Avanza, y hace números para llegar a unos 38 votos con el apoyo de la UCR (10 bancas), los 3 senadores que quedan en el PRO, el bloque Provincias Unidas (3) y fuerzas provinciales como el Frente Renovador de Misiones, Neuquén y Salta. Enfrente, el kirchnerismo y sus aliados suman alrededor de 28 escaños y ya adelantaron que no irán a un rechazo “en bloque”, sino a una estrategia de negociación dura para modificar el texto, aprovechando que buena parte de los votos que el gobierno da por descontados vienen de espacios que gobiernan provincias y dependen de la conflictividad social en sus territorios.

En el medio está la zona gris que definirá el resultado: unos 20 y pico de senadores que pueden acompañar la idea general de “modernizar” la legislación pero recelan de los puntos más agresivos contra el sistema sindical y las indemnizaciones. La propia conducción oficialista en la Cámara alta admite que la meta de aprobar la ley antes de fin de año es ambiciosa, más aún con comisiones que recién se integran, pedidos de decenas de exposiciones y sospechas internas sobre la velocidad con la que Patricia Bullrich intenta mostrar su primer triunfo como jefa de bloque. En Diputados, la ecuación es similar: La Libertad Avanza llega como primera minoría, reforzada por las elecciones de octubre, y confía en tejer mayorías con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales; pero el costo político de votar contra la CGT a las puertas del verano pesa en cada despacho.

Del lado de afuera del Congreso, el mapa ya está en movimiento. La CGT definió una movilización a Plaza de Mayo para el 18 de diciembre, con la mira puesta en frenar o al menos condicionar el tratamiento de la ley. Las dos CTA se declararon en estado de movilización permanente y anunciaron una jornada nacional de lucha en la misma fecha, con actos en todo el país. A esa convocatoria se suman gremios combativos, organizaciones sociales y partidos de izquierda que ya hablan de “reforma esclavista” y preparan columnas hacia el Congreso. El oficialismo, por su parte, intenta bajar el tono garantizando que la reforma “no será retroactiva” y que no afectará derechos adquiridos, luego de que declaraciones de Federico Sturzenegger encendieran aún más la alarma sindical.

La radiografía política de la reforma muestra, en definitiva, una combinación de fortaleza parlamentaria relativa y fragilidad en la calle. El Gobierno llega con un Congreso más favorable que a comienzos de mandato y con parte de la oposición dispuesta a discutir cambios, pero enfrenta una unidad sindical que va de la CGT a las CTA y que ya probó capacidad de daño frente al DNU. Si logra ordenar los votos en el Senado y en Diputados, la reforma puede aprobarse con modificaciones y empezar a regir en 2026. Si la presión social, las divisiones internas y el miedo al costo electoral pesan más que la disciplina de bloque, es probable que el “núcleo duro” de la reforma se empiece a desgranarse artículo por artículo. En ambos casos, el debate dejará una marca: el mapa de quién se animó –y quién no– a reescribir las reglas del trabajo en la Argentina de Milei.