Cancillería argentina endurece el tono por el petróleo en Malvinas: a quiénes apunta

El conflicto por la soberanía en las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político y diplomático. Las empresas Rockhopper Exploration Plc (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) anunciaron una inversión de USD 1.170 millones para avanzar en el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La respuesta del Gobierno argentino fue inmediata: rechazó el anuncio y lo calificó como una actividad ilegal.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería argentina expresó su “más enérgico rechazo” a la denominada Decisión Final de Inversión, al señalar que se trata de una explotación unilateral de recursos naturales en un área sujeta a disputa de soberanía, sin autorización de la autoridad competente argentina.

El Gobierno recordó que este tipo de acciones contravienen las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la ONU, que reconocen la existencia de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido e instan a ambas partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras no exista una solución negociada.

Además, se advirtió que todas las actividades asociadas al proyecto -desde la normativa isleña hasta la contratación de proveedores- violan el ordenamiento jurídico nacional, en particular las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben operar en la plataforma continental argentina sin habilitación expresa del Estado.

Cancillería también recordó que ambas empresas ya fueron sancionadas en el pasado: Rockhopper fue declarada clandestina y suspendida por 20 años en 2012 y 2013, mientras que Navitas Petroleum recibió sanciones similares en 2022. En ese marco, el Gobierno advirtió que cualquier actor involucrado directa o indirectamente en el emprendimiento quedará expuesto a medidas administrativas, judiciales y acciones en foros internacionales.

El Ejecutivo sostuvo que el anuncio constituye un “acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”, al tratarse de recursos no renovables, y reafirmó los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, anticipando que profundizará su estrategia diplomática y legal frente al avance petrolero.