Rosatti anticipa que puede haber un freno judicial a la reforma laboral

La eventual aprobación de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca tratar en sesiones extraordinarias podría abrir un extenso frente judicial y quedar trabada en su aplicación práctica, según advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

El magistrado remarcó que "el sistema argentino de control de constitucionalidad permite que cualquier juez declare la invalidez de una norma, lo que podría derivar en una multiplicidad de fallos contradictorios y suspensiones parciales en distintos puntos del país.

Control difuso y demora judicial

"El control de constitucionalidad en la Argentina es difuso”, explicó Rosatti, al señalar que todos los jueces están habilitados para declarar la inconstitucionalidad de una ley. “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, aclaró.

En ese escenario, una reforma laboral podría quedar virtualmente paralizada hasta que el máximo tribunal fije una doctrina clara, un proceso que podría demorar meses o incluso años.

Antecedentes y límites al Congreso 

Rosatti recordó que una situación similar ya ocurrió con disposiciones laborales incluidas en la Ley Bases, algunas de las cuales fueron declaradas inconstitucionales por jueces laborales y aún esperan una definición definitiva de la Corte.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso obligue por ley a los tribunales a acatar automáticamente los fallos del máximo tribunal, el presidente de la Corte fue prudente y advirtió que una cláusula de ese tipo también sería pasible de revisión judicial. “La Corte debería decidir si esa norma es constitucional o no”, señaló.

Un sistema saturado 

El magistrado también expuso el impacto práctico del esquema actual al afirmar que “el 60% de las causas que resolvemos provienen del Estado”, muchas de ellas reiterando discusiones ya saldadas por la Corte, especialmente en materia previsional.

Para Rosatti, el debate excede lo ideológico y plantea un problema de funcionamiento institucional: cómo evitar que reformas estructurales, como la laboral, queden atrapadas en un prolongado limbo judicial.

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