Residuos tóxicos y napas en riesgo: las dudas que dejó el incendio químico de Ezeiza

El incendio y la explosión en el Polígono Industrial Spegazzini, en Ezeiza, no solo destruyeron galpones y afectaron a más de 25 empresas: también dejaron una incógnita abierta sobre el impacto ambiental y sanitario de los residuos que quedaron en el lugar. El siniestro, ocurrido el 14 de noviembre en la empresa Logischem -dedicada a la logística de productos químicos y donde se almacenaban, entre otras sustancias, fósforo rojo y blanco- se reactivó días después y obligó a prolongar las pericias judiciales para determinar responsabilidades.

En su visita a El Living de NewsDigitales, Carlos Colángelo, presidente del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires, advirtió que la discusión no puede agotarse en la imagen del hongo de humo o en la espectacularidad de la explosión: “Se apagó el fuego, pero desde el punto de vista químico-toxicológico ahí empieza realmente el problema”, sostuvo, al marcar la necesidad de tratar las cenizas y escombros como materiales peligrosos hasta que un análisis científico demuestre lo contrario.

Ezeiza: del hongo de humo a las cenizas peligrosas

Colángelo venía de participar en un conversatorio en la UNSAM sobre “la basura del fuego” cuando, dos semanas después, el incendio de Ezeiza puso en escena lo que venía advirtiendo: lo que queda después de un gran siniestro industrial. Según la investigación judicial, el foco se habría iniciado en Logischem, a partir de una pérdida de sustancias que tomó contacto con materiales combustibles y luego con fósforo rojo, lo que habría contribuido a la explosión que se sintió a varios kilómetros a la redonda.

“Desde nuestro criterio, todo lo que queda tras un incendio de este tipo debe ser manejado como material peligroso. La pregunta central es: ¿qué se quemó realmente y qué sustancias nuevas se generaron en la combustión?”, planteó el químico. Al quemarse plásticos, pinturas, solventes y otros insumos industriales, se pueden formar compuestos como dioxinas y furanos, además de dispersarse microplásticos y metales que no estaban presentes en su forma original.

Para el especialista, no alcanza con declarar que el hongo no fue “altamente tóxico” en el momento del evento: el riesgo se vuelve crónico cuando esos residuos se dispersan por el viento, se incorporan al aire que respiran los vecinos o se depositan sobre suelos productivos. “Sin ser alarmistas, hay que ser realistas: se generaron sustancias químicas nuevas que no estaban ahí al inicio; son productos de la combustión y tienen impacto potencial sobre la salud”, subrayó.

Napas, cultivos y agua potable

Uno de los puntos que más preocupa a Colángelo es el destino de las cenizas y restos de materiales que quedan luego de que los bomberos controlan el fuego. El uso masivo de agua y espumas, explica, puede arrastrar esos compuestos hacia el suelo y facilitar su infiltración hacia las napas: “Esas escorrentías pueden terminar incorporándose al agua subterránea. Si la población de la zona consume agua de pozo, la susceptibilidad es mucho mayor”.

La recomendación técnica del Consejo es clara: construir pozos de control y establecer un monitoreo de mediano plazo para comparar la calidad del agua “antes y después” del incendio, junto con análisis específicos en suelos y cultivos cercanos. El mismo criterio, señala, debería aplicarse a otros episodios recientes en la provincia, como los incendios en plantas industriales de Lomas de Zamora, donde también se trabajó con sustancias altamente contaminantes.

Colángelo insiste en que las cenizas y escombros de estos siniestros deben ser encuadrados por norma como “cenizas peligrosas”, aislados del ambiente, etiquetados y sometidos a análisis químicos antes de decidir su disposición final: “Ni el color ni el olor sirven como parámetro; la única evidencia válida es la del laboratorio”.

Químicos, Estado y empresas

Tras el incendio de Ezeiza, el Consejo Profesional de Química se puso formalmente a disposición del municipio y de la provincia para aportar conocimiento, peritajes y capacitaciones; hasta ahora, según relata Colángelo, siguen esperando una respuesta concreta. La misma oferta se hizo luego de los siniestros en Lomas de Zamora y en otros parques industriales, con la idea de construir protocolos comunes de manejo de sustancias y de residuos en articulación con los ministerios de Ambiente, Educación y Producción.

“Hay muchos profesionales y técnicos trabajando en plantas, laboratorios y sistemas de agua potable sin estar matriculados. Si fueran médicos o abogados, no podrían ejercer. Nosotros pedimos la misma mirada: hay una ley, hay un colegio y tiene que haber un registro oficial que permita controlar la profesión”, remarca. Esa formalización -añade- es un eslabón básico para que las responsabilidades queden claras cuando algo sale mal.

Colángelo sintetiza el desafío en una frase: pasar de una lógica puramente reactiva a una cultura de prevención permanente. Eso supone normas específicas para las cenizas peligrosas, monitoreo serio de napas y aguas, control de quién manipula sustancias críticas y un diálogo fluido entre Estado, empresas y comunidad científica. “Los incendios pasan en horas -concluye-, pero las sustancias que dejan pueden quedarse décadas. La política pública tiene que estar pensada para esos tiempos largos, no solo para el impacto del día después.”