El 18 de diciembre volvió a consolidarse como una fecha cargada de significado político en la Argentina.
Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a otros sectores sociales y políticos, encabezará una movilización contra el gobierno de Javier Milei en rechazo al proyecto de reforma laboral, una iniciativa clave de la agenda oficialista que ya genera fuertes resistencias.
La protesta no será una más en el calendario sindical: distintos analistas coinciden en que la convocatoria funcionará como un termómetro social para medir el impacto del proyecto en la ciudadanía, en un contexto de tensiones legislativas y un vínculo inestable entre el Gobierno y los actores del mundo del trabajo.
Para el Ejecutivo, la reforma laboral es una de las apuestas estructurales del año político. La movilización del 18 de diciembre aparece así como la primera gran prueba de fuego en términos de reacción social, con la CGT retomando un rol protagónico y con la posibilidad de que confluyan organizaciones sociales, movimientos políticos y sectores de la oposición.
Más allá del número final de asistentes, en Casa Rosada siguen con atención el clima de la jornada: la capacidad de movilización, el nivel de conflictividad y la lectura política que pueda emerger del reclamo serán observadas como señales sobre el margen de gobernabilidad en un Congreso que deberá debatir el proyecto.

El peso simbólico del 18 de diciembre no es nuevo. Para Mauricio Macri, esa fecha quedó asociada a uno de los momentos más críticos de su presidencia. El 18 de diciembre de 2017, el Congreso debatía los cambios en la fórmula de actualización jubilatoria cuando se desató un verdadero caos en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
La jornada estuvo atravesada por enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con imágenes que recorrieron el país y el mundo.
El llamado “gordo mortero”, convertido en ícono mediático de aquellos disturbios, sintetizó una escena de descontrol que también se trasladó al interior del recinto, donde la sesión fue caótica y marcada por gritos y acusaciones cruzadas.
Con el paso del tiempo, numerosos analistas -y el propio Macri- señalaron aquel 18 de diciembre de 2017 como un punto de quiebre del gobierno de Cambiemos. La reforma jubilatoria se aprobó, pero el costo político fue alto: la imagen presidencial se resintió, el vínculo con amplios sectores sociales se deterioró y la gestión entró en una etapa de mayor fragilidad política.
Desde entonces, la fecha quedó grabada como una advertencia sobre los riesgos de impulsar reformas estructurales sin un consenso social amplio y con una calle movilizada en contra.