Provincia de Buenos Aires obliga a usar biometría en apuestas online: qué cambia

15/12/2025 | La medida fue anunciada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y apunta a reforzar los controles en los sitios habilitados para prevenir la ludopatía infantil y juvenil.

La provincia de Buenos Aires estableció que todas las plataformas de apuestas online habilitadas deberán implementar de manera obligatoria sistemas de identificación biométrica, con el objetivo de impedir el ingreso de menores de 18 años a este tipo de sitios.

La nueva reglamentación fue anunciada este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa. Según explicó el funcionario, la medida forma parte de una estrategia integral para prevenir y abordar la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes.

Bianco detalló que los siete sitios de apuestas habilitados en el territorio bonaerense tendrán la obligación de “implementar sistemas de identificación biométrica y verificación de identidad en todas sus plataformas”. Además, precisó que todas las webs legales operan bajo el dominio bet.ar, lo que facilita su identificación frente a las ofertas ilegales.

“El sistema va a impedir cualquier filtración de ingreso a las plataformas utilizando datos de familiares. Los usuarios deberán identificarse y dar fe de vida en el acto”, remarcó el ministro. Las empresas contarán con un plazo máximo de 60 días para adecuarse a la nueva normativa.

Avances contra la ludopatía y el juego ilegal

El anuncio se suma a otras acciones recientes del Gobierno bonaerense para combatir el juego ilegal. La semana pasada, el presidente de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, denunció ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro a más de 300 sitios de apuestas clandestinas.

En las presentaciones judiciales no solo se expuso la existencia de estas plataformas ilegales, sino que también se solicitó avanzar en la identificación de sus responsables y administradores. El objetivo es ampliar la imputación de delitos, ante la presunción de maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a estas organizaciones.