Un dato desafía el protocolo antipiquetes de Monteoliva ante la CGT en Plaza de Mayo

La movilización convocada por la CGT para este jueves en la Plaza de Mayo abre un escenario de máxima tensión política y operativa para el Gobierno de Javier Milei. La protesta, convocada en rechazo al proyecto de reforma laboral, será el primer gran desafío en la calle para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien deberá definir cómo aplicar el protocolo antipiquetes frente a una concentración que podría superar las 150 mil personas.

El Ejecutivo ratificó que el protocolo se aplicará “sin excepciones”, aun cuando experiencias recientes demostraron las dificultades para ejecutarlo en marchas masivas. El dato que inquieta puertas adentro es precisamente ese: la magnitud de la convocatoria, un factor que históricamente vuelve impracticable el control total del espacio público.

Una marcha masiva que tensiona la estrategia oficial

Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que “no cambia nada” y que el protocolo se aplicará como en otras manifestaciones. Monteoliva, que hasta ahora se desempeñó como secretaria de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quedó al frente de un operativo complejo, con columnas sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda que marcharán desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para confluir en Plaza de Mayo.

La consigna oficial es evitar cortes totales de calles y garantizar la circulación. Sin embargo, cuando el volumen de manifestantes es elevado, esa premisa choca con la realidad logística. No es un escenario inédito: en movilizaciones multitudinarias anteriores, el propio Gobierno admitió límites para aplicar el protocolo antipiquetes en su forma más estricta.

El antecedente que incomoda al Gobierno

En junio pasado, Patricia Bullrich reconoció públicamente que, ante concentraciones masivas en Plaza de Mayo a favor de Cristina Kirchner, el protocolo antipiquetes no podía aplicarse plenamente. “Con esos números, no”, sostuvo entonces, al referirse a protestas que reunieron a cientos de miles de personas.

Ese antecedente vuelve a escena ahora, cuando la CGT anticipa una movilización de gran escala. En el oficialismo admiten en privado que la cantidad de manifestantes es el principal condicionante operativo, más allá de la decisión política de mostrarse firmes.

Reforma laboral y conflicto abierto con la CGT

La protesta sindical tiene como eje el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Según la CGT, la iniciativa flexibiliza contrataciones y despidos, limita el derecho a huelga y debilita la negociación colectiva. Tras participar del Consejo de Mayo, la central obrera decidió romper el diálogo y salir a la calle.

“Es un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, sostuvo Jorge Sola, uno de los dirigentes de la CGT, al confirmar la movilización. A la convocatoria se sumaron las dos CTA y movimientos piqueteros, lo que refuerza la expectativa de una Plaza de Mayo colmada.

El dilema de Monteoliva: firmeza política y límites reales

Para Monteoliva, el desafío es doble. Por un lado, debe ratificar la línea dura del Gobierno en materia de orden público. Por otro, evitar que un operativo fallido o un episodio de violencia erosione el discurso oficial. La ministra fue clara: “El orden público no se negocia”. Pero también reconoció que cada marcha se analiza según su dinámica y volumen.

El punto crítico es que en concentraciones masivas, como la prevista por la CGT en Plaza de Mayo, el protocolo antipiquetes enfrenta límites prácticos que el propio Gobierno ya reconoció en el pasado.

Un test clave para el Gobierno

Más allá del resultado legislativo de la reforma laboral, la marcha será un termómetro político. El oficialismo busca exhibir control y autoridad, mientras la CGT apuesta a mostrar músculo en la calle y condicionar el debate parlamentario.

En ese cruce de fuerzas, la Plaza de Mayo vuelve a ser el escenario central. Y el dato que desafía al Gobierno no es menor: cuando la calle se llena, el protocolo antipiquetes deja de ser solo una decisión política y pasa a depender, sobre todo, de la realidad.