Buenos Aires, 1824: la jugada de Rivadavia que redefinió el poder en el país

Buenos Aires fue escenario, un 16 de diciembre de 1824, de un hecho político que marcó la transición institucional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese día se inauguró el Congreso General Constituyente, una asamblea de representantes provinciales convocada con el objetivo de diseñar un marco legal que organizara políticamente un país fragmentado por conflictos internos y tensiones externas.

El acto de apertura se realizó en la entonces capital efectiva del Estado, Buenos Aires, en la que los diputados asumieron sus cargos con el mandato de discutir y sancionar una constitución nacional. La convocatoria se originó por iniciativa de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, en particular bajo el impulso político de líderes porteños como Bernardino Rivadavia, principal ideólogo de esta etapa de reorganización nacional. 

Un Congreso con tensiones

La inauguración no fue sólo un acto formal: simbolizó la lucha política entre facciones con visiones contrapuestas sobre el futuro del país. El Congreso se convirtió en un terreno de disputa entre las corrientes unitarias, que proponían un Estado fuerte con Buenos Aires como eje dominante, y federalistas, que defendían la autonomía y representación equitativa de las provincias. 

Además, en el trasfondo internacional se vivían tensiones cada vez mayores con el Imperio del Brasil por la cuestión de la Banda Oriental (actual Uruguay), que llevaría poco después a la Guerra del Brasil. La presión británica para que las provincias tuvieran un organismo nacional de representación también empujó la convocatoria del Congreso, en un intento de legitimar institucionalmente al Estado rioplatense frente a potencias europeas. 

Ley Fundamental: el primer fruto legal del Congreso

Aunque la sesión inaugural fue en diciembre de 1824, la primera norma de impacto fue la Ley Fundamental, aprobada el 23 de enero de 1825. Fue la carta de navegación jurídica de un Estado que aún no tenía constitución formal, estableciendo que las provincias mantendrían sus instituciones hasta que se sancionara una constitución y que esta sólo podría entrar en vigencia tras la aceptación de todas las provincias representadas. 

Este documento no sólo marcó el inicio de un proceso constituyente, sino que también delegó en el Congreso funciones de Poder Ejecutivo Nacional interino, una solución pragmática ante la ausencia de un Ejecutivo consolidado capaz de liderar la respuesta frente a amenazas internas y externas. 

El significado histórico que suele pasarse por alto

La instalación del Congreso el 16 de diciembre de 1824 no fue simplemente un punto de partida para redactar normas, sino la cristalización de tensiones políticas que definirían buena parte de la historia constitucional argentina. Aunque la constitución originalmente proyectada no se sancionó de inmediato ese año, el Congreso sentó las bases de una institucionalidad que daría pie, con altibajos, a la Constitución de 1826 y, más tarde, a la de 1853, que perduró como marco legal fundamental en Argentina. 

Este Congreso General Constituyente inaugurado en Buenos Aires se transformó en hito simbólico de la búsqueda de un orden nacional estable, y su ceremonia fundacional del 16 de diciembre sigue siendo un punto de referencia para historiadores y constitucionalistas que analizan la génesis del Estado argentino moderno.