Llaryora va a fondo para evitar el colapso de la Caja de Jubilaciones de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora decidió avanzar sin medias tintas sobre uno de los problemas estructurales más delicados de Córdoba: el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Con el tratamiento del Presupuesto 2026 como punto de partida, el oficialismo activó una estrategia en dos frentes que promete fuerte impacto político, sindical y judicial.

El diagnóstico del Panal es claro: el rojo previsional ronda el 30% y no hay señales de que la Nación recomponga las transferencias que corresponden por ley. Ante ese escenario, Llaryora eligió acelerar decisiones ahora, lejos del calendario electoral de 2027.

Presupuesto 2026 y suba de aportes

Este miércoles, la Legislatura aprobará el Presupuesto 2026, que incluye el polémico artículo 63. Esa cláusula habilita al Poder Ejecutivo a aumentar hasta cuatro puntos porcentuales los aportes previsionales de los empleados públicos hasta diciembre de 2027.

Actualmente, el Gobierno ya cuenta con la potestad de subir dos puntos extra, pero Llaryora nunca la utilizó. Todo indica que en 2026 sí lo hará, aunque de manera focalizada.

La suba alcanzaría a los sectores con mayores salarios, que coinciden con los jubilados que cobran los haberes más altos: bancarios, magistrados, funcionarios del Ejecutivo, municipales de la ciudad de Córdoba y trabajadores de Epec. En cambio, desde el Gobierno aseguran que docentes (excepto directivos), policías, personal de salud y escalafón general quedarán excluidos.

Entre los pasivos protegidos se encuentran más de 50 mil jubilados que perciben menos de $1,3 millones y cobran un bono bimestral compensatorio.

El debate por el tope a las jubilaciones

El segundo frente es aún más sensible. El oficialismo impulsa discutir un tope a las jubilaciones más altas que paga la Caja. Existe un proyecto presentado por el legislador socialista aliado Matías Chamorro, que propone declarar la Emergencia Previsional y fijar un límite de $2,5 millones durante ese período.

El excedente sería abonado mediante Títulos de Cancelación Previsional, transferibles y ajustados por la tasa pasiva del Banco Central. La iniciativa también contempla compensaciones para garantizar el 82% móvil a quienes cobran por debajo del tope.

Sin embargo, en el entorno de Llaryora admiten que el número final podría ser más alto, cercano a los $3 millones, y que el proyecto aún funciona como una herramienta para medir reacciones políticas, sindicales y judiciales.

El fantasma de la Justicia

El frente judicial aparece como el más complejo. Los antecedentes no juegan a favor. En Santa Fe, un tope similar aprobado por la Legislatura nunca pudo aplicarse por un fallo judicial. En Córdoba, en 2008, un intento de Juan Schiaretti fue rápidamente cuestionado por el Tribunal Superior de Justicia.

Para evitar ese escollo, el oficialismo analiza atemperar el impacto con títulos de deuda que reconozcan capital e intereses a futuro, una ingeniería legal que todavía genera dudas.

Gremios en alerta y clima de conflicto

A menos de 48 horas del debate legislativo, no hay reuniones formales entre el Gobierno y los gremios estatales. El malestar sindical se concentra en la posible suba de aportes y en la discusión de un tope a las jubilaciones.

Los sindicatos ya convocaron a una nueva movilización y advirtieron que, si el Ejecutivo avanza de manera unilateral, habrá medidas de fuerza. La UEPC, por ejemplo, calificó el proyecto de Chamorro como “injusto y económicamente ineficiente” y recordó que todos los topes anteriores terminaron judicializados.

Un déficit que no cierra

Las cifras explican la urgencia. Por cada $100.000 que paga la Caja en jubilaciones, faltan $30.000. El déficit anual superará los $800 mil millones y todos los subsistemas, salvo los municipales del interior, son deficitarios.

Los casos más críticos son los bancarios, con jubilaciones promedio de $4,1 millones, seguidos por magistrados, municipales capitalinos, Policía y docentes. En volumen total, el sistema docente es el que más recursos demanda.

El Gobierno insiste en que la reforma no busca sólo achicar el déficit, sino reducir las enormes desigualdades del sistema previsional cordobés. La idea es “subir la base y bajar la punta”, afectando a menos del 10% de los jubilados y mejorando los ingresos de más del 60%.

Una apuesta de alto voltaje político

Llaryora asume que los fondos nacionales no llegarán y que insistir con ese reclamo ya no alcanza. Su apuesta es aprovechar el clima social para discutir lo que define como privilegios del sistema y avanzar con medidas que gobiernos anteriores evitaron por costo político o riesgo judicial.

La semana promete ser caliente en la Unicameral. Con protestas en la calle y números ajustados en el recinto, el gobernador decidió ir a fondo. Para la Casa de Gobierno, el mensaje es claro: postergar el problema ya no es una opción.

TM