Qué cambia la Ley de Glaciares de Milei y por qué cuatro gobernadores la impulsan

El Gobierno nacional dio un paso clave al enviar al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), una norma vigente desde 2010 que protege los glaciares y los ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua dulce. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y respaldada por al menos cuatro gobernadores de provincias cordilleranas, promete cambiar el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y poder de decisión de las provincias.

La discusión vuelve a ocupar el centro de la escena política porque impacta directamente en la minería, una de las principales apuestas del Gobierno para atraer inversiones y dólares, pero también en el acceso al agua y la calidad de vida de millones de personas.

Qué propone cambiar el Gobierno en la Ley de Glaciares

Según informó la Oficina del Presidente, el proyecto busca “ordenar el marco normativo vigente”, terminar con interpretaciones discrecionales y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.

En términos simples, la reforma apunta a:

• Limitar la protección estricta a glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una función hídrica efectiva.
• Reforzar el rol de las provincias en la evaluación de impacto ambiental.
• Dar mayor previsibilidad jurídica a proyectos productivos, especialmente mineros.

El texto se apoya en el artículo 41 de la Constitución, que ordena proteger el ambiente sin frenar el desarrollo humano, y en el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

La reforma redefine el alcance del ambiente periglacial y refuerza el rol de las provincias en la toma de decisiones.

Por qué la ley actual está en la mira

Para el Gobierno y los gobernadores que acompañan la iniciativa, la Ley de Glaciares tiene “graves falencias interpretativas”. El principal punto de conflicto es el concepto de ambiente periglacial, que hoy incluye amplias zonas de alta, media y baja montaña donde se prohíbe la minería y la explotación hidrocarburífera.

Desde el oficialismo sostienen que esa definición es demasiado amplia:

• Generó inseguridad jurídica.
• Paralizó inversiones multimillonarias.
• Invadió competencias provinciales.

El presidente Milei incluso afirmó que “no está bien definido qué es zona periglacial” y que deben ser las provincias las que determinen con mayor precisión qué áreas cumplen funciones hídricas reales.

Qué rol cumple el Inventario Nacional de Glaciares

La ley vigente creó el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA (dependiente del CONICET), para identificar y monitorear las masas de hielo del país.

El proyecto de reforma mantiene al IANIGLA como organismo técnico, pero limita el inventario a glaciares y geoformas con función hídrica comprobada. Además, aclara que la falta de actualización del inventario no invalida las autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales provinciales, uno de los puntos más sensibles para el sector minero.

Quiénes son los cuatro gobernadores que impulsan la reforma

El respaldo político al proyecto proviene de gobernadores de provincias mineras, nucleados en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Entre ellos se destacan:

• Marcelo Orrego (San Juan)
• Raúl Jalil (Catamarca)
• Carlos Sadir (Jujuy)
• Gustavo Sáenz (Salta)

En una carta enviada al presidente Javier Milei, los mandatarios advirtieron que la aplicación actual de la ley frenó inversiones sin aportar beneficios ambientales proporcionales y reclamaron una adecuación que permita preservar los glaciares con función hídrica real, pero habilitar proyectos productivos bajo controles ambientales.

Minería, inversiones y el trasfondo económico

Detrás del debate aparece un dato central: en las zonas hoy protegidas por la Ley de Glaciares se concentran algunos de los proyectos mineros más grandes del país, especialmente de cobre y litio.

Empresas como Glencore, McEwen Copper y Lundin Mining proyectan inversiones por decenas de miles de millones de dólares, que hoy chocan con las restricciones de la norma. El Gobierno considera que la reforma permitiría destrabar esas iniciativas y convertir a la minería en un motor clave del ingreso de divisas.

Las críticas y el temor por el agua

Organizaciones ambientalistas, científicos y referentes políticos advierten que modificar la ley implica poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce. Señalan que los glaciares -incluidos los llamados “glaciares de escombros”- alimentan ríos y cuencas de zonas áridas, donde cada litro de agua es vital.

Además, recuerdan que los glaciares ocupan menos del 1% de la cordillera y que la minería podría desarrollarse en el resto del territorio sin afectar estas reservas.

Un debate clave en el Congreso

El proyecto ya ingresó al Congreso de la Nación y podría tratarse en sesiones extraordinarias o a comienzos del próximo período legislativo. Allí se jugará una discusión de fondo: hasta dónde avanzar en la flexibilización de la Ley de Glaciares para atraer inversiones sin comprometer el acceso al agua y el ambiente.

El resultado definirá no solo el futuro de la minería en la Argentina, sino también el alcance real del federalismo ambiental que propone el gobierno de Javier Milei.