La política de seguridad del presidente Gustavo Petro atraviesa uno de sus momentos más controvertidos al evidenciar tratamientos opuestos frente a actores armados que operan bajo lógicas similares. Mientras el Gobierno insiste en que la paz total requiere flexibilidad y pragmatismo, sectores políticos y sociales cuestionan la coherencia de una estrategia que dialoga con algunos jefes armados y persigue sin concesiones a otros.
El debate se intensificó tras las reacciones oficiales frente a dos figuras clave de las disidencias de las FARC: Calarcá Córdoba e Iván Mordisco. Ambos lideran estructuras responsables de violencia, control territorial y economías ilegales, pero han recibido respuestas diametralmente opuestas desde la Casa de Nariño. La diferencia no reside tanto en los delitos cometidos, sino en la disposición de cada actor a sentarse o no en una mesa de negociación.
En el caso de Calarcá, el Ejecutivo ha optado por mantener abiertos los canales de diálogo, incluso frente a denuncias graves como el reclutamiento de menores y ataques armados contra comunidades y fuerzas estatales. El argumento oficial sostiene que se trata de una disidencia con potencial de reincorporación, al no haber firmado el acuerdo de paz de 2016 y conservar una estructura negociable dentro del marco de la paz total.
Esta postura ha generado críticas por lo que muchos interpretan como una flexibilización excesiva de los estándares éticos y jurídicos. Legisladores y analistas advierten que el mensaje implícito es que la voluntad de negociar pesa más que la naturaleza de los crímenes, lo que podría incentivar conductas violentas como moneda de cambio para obtener reconocimiento político o beneficios futuros.
Volvió el miedo a las carreteras gracias a @petrogustavo. Ahora que muchos toman esas mismas carreteras para reunirse con sus familias en Navidad, piensen que su voto nos condena a seguir así, o nos libera. La Selección Antipetro de Oxígeno : para sacar a estos bandidos.…
— Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) December 15, 2025
El contraste se vuelve más evidente al observar el trato dispensado a Iván Mordisco, a quien Petro ha calificado sin ambigüedades como mafioso y narcotraficante, ordenando ofensivas militares y cerrando cualquier posibilidad de diálogo. La decisión se apoya en la negativa del jefe disidente a abandonar economías ilegales y en su confrontación directa con el Estado, pero reabre el dilema sobre la consistencia de la política gubernamental.
NUNCA OLVIDAR que esta es la PAZ TOTAL de Gustavo Petro
— Sebastian Toro 🇨🇴🇧🇷🇺🇲 (@ToroDeArena) December 16, 2025
Nunca olvidar que este es el pais de un presidente guerrillero que fue apoyado por el ELN
NUNCA OLVIDAR que este es el legado que defenderá IVÁN CEPEDA https://t.co/M2cA00KpaS
La paz total enfrenta así su principal desafío: definir criterios claros y sostenibles que eviten la percepción de arbitrariedad. Sin una línea coherente entre negociación, justicia y uso de la fuerza, el proyecto corre el riesgo de erosionar la confianza pública y debilitar la autoridad del Estado. La experiencia colombiana demuestra que la paz no solo depende de acuerdos, sino también de reglas creíbles que se apliquen sin dobles estándares.