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18/12/2025 - Edición Nº1045
Política
Vialidad en disputa
Cristina Kirchner mueve fichas por el megadecomiso y deja a Casación una decisión clave
16/12/2025 | El TOF 2 habilitó la revisión del fallo que ordena ejecutar propiedades en Santa Cruz para cubrir un embargo cercano a los $684.000 millones. Las defensas sostienen que se afectan derechos de terceros no condenados.
Cristina Kirchner en una audiencia judicial, en medio del planteo para excluir bienes de sus hijos del decomiso en la causa Vialidad.
La disputa por el patrimonio de la familia Kirchner entró en una etapa decisiva. La expresidenta Cristina Fernández solicitó que se excluyan del decomiso los bienes que hoy figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) concedió los recursos y elevó el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si se confirma o revoca la medida.
El tribunal que condenó a la exmandataria a seis años de prisión por administración fraudulenta ratificó que el monto del perjuicio al Estado -actualizado a casi $684.000 millones- está firme y en etapa de ejecución. No obstante, aceptó que una instancia superior revise la legalidad de avanzar sobre 19 bienes que, si bien fueron parte del patrimonio, actualmente pertenecen a sus hijos, quienes no fueron imputados en el expediente.
La estrategia defensiva es doble. Por un lado, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la orden de ejecución dictada el 18 de noviembre por considerarla contradictoria con decisiones previas y violatoria de tratados internacionales. Alegan que el decomiso sobre bienes de terceros “excede los límites legales” y desconoce garantías consagradas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Por otro lado, las defensas de Máximo y Florencia Kirchner sostienen que se trata de un avance indebido sobre derechos de personas no condenadas, ya que las propiedades fueron transferidas por cesiones y sucesiones legalmente registradas. Según ese planteo, el decomiso no puede extenderse a patrimonios que ya no pertenecen a la condenada sin vulnerar el principio de responsabilidad penal personal.
El caso reabre un debate sensible en la justicia penal: hasta dónde puede llegar la ejecución de una condena por corrupción cuando los bienes fueron transferidos a familiares directos. La decisión de Casación no solo definirá el futuro de esas propiedades en Santa Cruz, sino que sentará un precedente clave sobre los alcances del decomiso en causas de alto impacto político.
