La crisis interna del peronismo bonaerense empezó a trasladarse del plano político al institucional. En ese cruce incómodo quedó Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia y diputada electa, a quien distintos sectores del oficialismo provincial le exigen que tome una decisión: asumir su banca en la Cámara de Diputados o formalizar una licencia en el Ejecutivo.
La indefinición no es neutra. Mientras Magario mantiene su doble condición sin resolver, Unión por la Patria paga un costo concreto en la Legislatura y se expone a un problema de funcionamiento que se agrava.
El 2 de diciembre juraron los nuevos diputados provinciales, pero una silla quedó vacía. Magario no ocupó su banca y continuó al frente del Senado bonaerense, una decisión que impacta de lleno en la aritmética legislativa.
La consecuencia inmediata es clara: en la próxima sesión, el bloque de Unión por la Patria contará con un diputado menos. Esa vacante tampoco puede ser cubierta por quien sigue en la nómina electoral, Silvina Nardini, una dirigente alineada con el intendente de Ensenada, Mario Secco.
El reglamento de la Cámara establece que una banca solo puede reasignarse luego de tres ausencias consecutivas o cuatro alternadas en el transcurso de un mes. Hasta que eso ocurra, el peronismo deberá atravesar varias sesiones debilitado, con un voto menos en un contexto parlamentario ya tensionado.
La salida formal al problema sería que Magario solicite licencia como vicegobernadora y asuma su lugar en Diputados. Pero esa opción abre un frente todavía más delicado.
Si Magario se corre de la presidencia del Senado, la línea sucesoria coloca automáticamente a Carlos Kikuchi al frente de la Cámara alta. Ese escenario genera resistencia dentro del peronismo, que observa con inquietud la posibilidad de perder el control político de un ámbito clave.
La fragilidad institucional se agrava por un dato no menor: el Senado bonaerense aún no designó a su vicepresidente. Esa vacancia no es casual, sino el resultado directo de la interna entre el kirchnerismo duro y el esquema que responde al gobernador Axel Kicillof.
Así, una definición personal que se estira en el tiempo deja al descubierto un problema estructural: la incapacidad del peronismo para ordenar su conducción legislativa en medio de una pelea de poder que amenaza con desbordar los márgenes políticos y convertirse en un conflicto institucional de mayor escala.