Presupuesto 2026 con sorpresa: se derogaría la Emergencia en Discapacidad y otra ley clave

El oficialismo logró dictaminar este martes el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y de legisladores alineados con los gobernadores de Misiones, Tucumán, San Juan y Catamarca, y quedó en condiciones de llevar el proyecto al recinto.

La Libertad Avanza apuesta a aprobarlo este miércoles, en una sesión que promete alta conflictividad política y social por el contenido del texto consensuado.

Uno de los puntos más sensibles del dictamen es que el Presupuesto incorpora la derogación de dos leyes ya sancionadas por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, ambas consideradas estratégicas por la oposición.

La decisión ya generó un fuerte rechazo de Unión por la Patria y de sectores sociales directamente alcanzados por esas normas.

Quienes firmaron el dictamen de Presupuesto del Gobierno validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad, como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario.

Su acompañamiento es una traición al ejercicio democrático expresado en la… pic.twitter.com/nYgTyw3eD6

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) December 16, 2025

En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el dictamen presupuestario elimina un esquema que obligaba al Estado nacional a actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas por inflación, recomponer salarios docentes y no docentes y garantizar partidas para becas, investigación, infraestructura y extensión universitaria.

Respecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Presupuesto 2026 deja sin efecto una legislación que declaraba la emergencia hasta fines de 2026 y obligaba al Estado a asegurar el financiamiento de las pensiones no contributivas, actualizar aranceles para prestadores, saldar deudas del sistema de atención integral y garantizar la continuidad de servicios de salud, rehabilitación, educación y protección social para personas con discapacidad.

La reacción opositora fue inmediata. La diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau acusó a quienes acompañaron el dictamen de avalar una decisión de alto costo político y social. “Quienes firmaron el dictamen de Presupuesto del Gobierno validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad, como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo.

Y agregó: “Su acompañamiento es una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación de esas leyes por el Congreso de la Nación pero, por sobre todo, es una traición a las mayorías sociales que las conquistaron. Así van a ser recordados”

Con el dictamen firmado, el oficialismo acelera ahora las negociaciones finales para garantizar el número en el recinto. El debate del Presupuesto 2026 se perfila como uno de los más tensos del año, no solo por las metas fiscales del Gobierno, sino por el impacto político de avanzar con la derogación de leyes que habían sido aprobadas por amplias mayorías parlamentarias.

Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria

La ley de financiamiento universitario establecía un marco de protección presupuestaria para las universidades públicas, con el objetivo de evitar que los recortes o la licuación inflacionaria afectaran su funcionamiento.

Entre sus puntos centrales, obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar los gastos de funcionamiento por inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y a garantizar partidas específicas para infraestructura, equipamiento, tecnología, investigación científica y tareas de extensión universitaria.

Otro eje clave era la recomposición salarial de docentes y no docentes. La norma ordenaba actualizar los salarios en función de la inflación acumulada, incorporar sumas no remunerativas a los básicos y convocar a paritarias obligatorias con actualizaciones que no pudieran ubicarse por debajo del IPC.

Además, reforzaba el sistema de becas estudiantiles —como Progresar y Manuel Belgrano— y preveía la ampliación de la oferta académica y de los programas de bienestar estudiantil, con el objetivo de sostener el ingreso, la permanencia y la terminalidad en la educación superior.

Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad declaraba la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, y colocaba al Estado en la obligación de adoptar medidas urgentes para garantizar derechos básicos de las personas con discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional.

Entre sus disposiciones más relevantes, la ley aseguraba el financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, fijando criterios claros de acceso y estableciendo que el monto equivaliera al 70% del haber mínimo jubilatorio, con compatibilidad con el empleo formal hasta un determinado nivel de ingresos.

También obligaba a actualizar los aranceles y compensaciones para prestadores del sistema de atención integral, saldar deudas acumuladas y garantizar la continuidad de servicios considerados de interés público, como tratamientos de salud, rehabilitación, educación y apoyo a la inclusión laboral.

La norma incluía, además, medidas de fortalecimiento institucional: financiamiento para la Agencia Nacional de Discapacidad, mecanismos de diálogo permanente con organizaciones del sector, auditorías con garantías de debido proceso y políticas activas para la inclusión social y laboral.