El Presupuesto 2026 que impulsa el presidente Javier Milei ingresó en la recta clave de su tratamiento en el Congreso, pero con un frente político inesperado: el interbloque de gobernadores de Provincias Unidas, que advirtió que no acompañará la ley si el Gobierno nacional mantiene cerrada la negociación.
El conflicto expone una tensión estructural entre la Casa Rosada y las provincias del centro del país, y pone en duda la solidez de los votos que La Libertad Avanza necesita para aprobar la principal herramienta económica del Ejecutivo en la Cámara de Diputados.
Provincias Unidas es un interbloque legislativo integrado por diputados que responden a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Corrientes. En un Congreso fragmentado, sus bancas resultan determinantes para construir mayorías, especialmente en proyectos sensibles como el Presupuesto nacional.

Este lunes, los mandatarios Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir, Ignacio Torres y Juan Pablo Valdés realizaron un zoom de urgencia para evaluar la postura común frente al Presupuesto 2026, luego de quedar excluidos de las negociaciones con el Gobierno nacional.
“En este contexto, es muy difícil acompañar el presupuesto”, coincidieron los gobernadores durante ese encuentro.
La Libertad Avanza logró imponer su dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con 28 firmas y seis disidencias. El texto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, en una sesión ya convocada por el oficialismo.
Sin embargo, hubo tres dictámenes en total: el del oficialismo, uno de Provincias Unidas y otro de Unión por la Patria. Esa fragmentación refleja que el consenso político alrededor del Presupuesto 2026 es limitado y frágil.

El dictamen oficial incorporó a último momento el artículo 75, que dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario, dos normas que habían sido votadas con amplias mayorías y cuya suspensión por parte del Ejecutivo generó fuertes críticas en el Congreso.
Desde Provincias Unidas sostienen que el Presupuesto 2026 no contempla las principales demandas de las provincias, entre ellas:
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro fue uno de los más duros. Diputados de su espacio adelantaron que se inclinan por el rechazo o la abstención. Santa Fe reclama una deuda millonaria de Nación, que incluye fondos previsionales, coparticipación y obras ya ejecutadas.
El malestar de Provincias Unidas se profundizó luego de que el Gobierno nacional acelerara el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a gobernadores aliados. Tucumán, Salta, Catamarca y Misiones recibieron más de $43.000 millones en las últimas semanas.
Esa decisión dejó en evidencia una estrategia de negociación directa con algunos mandatarios, mientras otros quedaron fuera del reparto de fondos y de los lugares clave en la Comisión de Presupuesto, donde se define el destino del gasto público.
Sin el acompañamiento de Provincias Unidas, el oficialismo podría aprobar el Presupuesto 2026 en general, pero enfrentarse a serias dificultades en la votación artículo por artículo, especialmente en aquellos vinculados a educación, discapacidad y financiamiento provincial.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un superávit primario del 1,5%, números que difieren de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y que son observados con cautela por varios bloques legislativos.
Más allá de las cifras macroeconómicas, el Presupuesto 2026 se convirtió en una prueba política central para el gobierno de Javier Milei, que necesita recomponer el diálogo con las provincias si quiere evitar una derrota parlamentaria.
El enojo de Provincias Unidas no sólo pone en riesgo la ley de leyes, sino que también anticipa un escenario de mayor confrontación federal en el Congreso, donde cada voto cuenta y ningún aliado está garantizado.