Brasil cerró 2025 con una cifra inédita en la lucha contra el crimen organizado: USD 1.761 millones incautados en dinero y bienes provenientes de actividades ilícitas. El dato, difundido por la Policía Federal, marca un récord histórico y consolida una tendencia creciente en la estrategia de seguridad del país, que prioriza el desmantelamiento financiero de las organizaciones criminales por sobre el abordaje exclusivamente territorial.
Detrás del número hay un cambio de enfoque sostenido. La persecución patrimonial se convirtió en un eje central de las investigaciones, con un despliegue técnico y judicial más sofisticado. La lógica es clara: quitar recursos, logística y capacidad de corrupción a las estructuras criminales para reducir su margen de maniobra, incluso cuando conservan presencia armada en determinadas zonas.
La magnitud de las incautaciones refleja una ofensiva coordinada contra múltiples formas de acumulación ilegal. Los decomisos incluyeron efectivo, inmuebles, aeronaves, embarcaciones, oro y criptoactivos, además del bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a investigaciones en curso. Esta diversidad de bienes confirma el alto grado de profesionalización financiera de las redes delictivas y su capacidad de adaptarse a circuitos formales e informales.
El aumento del número de operaciones homologadas también es clave para entender el salto cuantitativo. En 2025 se superó el total de procedimientos de todo el año anterior, lo que sugiere una mayor eficiencia institucional y un uso más intensivo de inteligencia financiera. Seguir el rastro del dinero permitió alcanzar eslabones altos de las organizaciones, más allá de los ejecutores visibles del delito.

El récord de incautaciones fortalece el discurso oficial sobre la eficacia del Estado frente al crimen organizado, pero también abre interrogantes. Una mayor capacidad de decomiso no implica, por sí sola, una reducción automática de la violencia o del control territorial ejercido por facciones criminales en áreas urbanas y fronterizas. El desafío es traducir el golpe financiero en resultados sostenidos en seguridad pública.
Además, persisten debates sobre el destino de los bienes confiscados y la coordinación entre niveles federal y estadual. La asignación transparente de esos recursos será determinante para evitar tensiones institucionales y reforzar la legitimidad de la estrategia. En ese equilibrio entre éxito operativo y políticas de largo plazo se juega la verdadera dimensión del impacto de estas incautaciones récord.