La difusión de un video que muestra al exfuncionario colombiano Carlos Ramón González participando de una fiesta vallenata en Managua volvió a colocar al Gobierno colombiano bajo el foco de la polémica. El hecho, ocurrido en un evento cultural vinculado a la Cancillería de Colombia en Nicaragua, resulta especialmente sensible porque González se encuentra prófugo de la justicia y es requerido por presuntos delitos de corrupción asociados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La imagen de un hombre buscado celebrando en un ámbito oficial generó un impacto inmediato en la opinión pública.
Más allá de lo anecdótico, el episodio desnuda un problema político de mayor alcance. No se trata solo de la conducta individual de un exalto funcionario, sino de la señal institucional que proyecta el Estado cuando un prófugo aparece en un espacio con respaldo diplomático. En un país atravesado por reiterados escándalos de corrupción, la percepción de impunidad suele pesar tanto como los procesos judiciales en curso, y este caso reavivó cuestionamientos sobre la coherencia entre discurso oficial y práctica estatal.
Desde el Ejecutivo colombiano, las primeras reacciones apuntaron a desmarcar al Gobierno de la presencia de González en el evento. Funcionarios aseguraron no tener conocimiento previo de su participación y anunciaron verificaciones internas para establecer si hubo intervención directa de la embajada o de personal de la Cancillería. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho: la sola posibilidad de que un prófugo haya sido admitido en un acto oficial expone debilidades en los controles y protocolos del servicio exterior.
El episodio también volvió a tensar la relación entre política exterior y justicia interna. Mientras la Fiscalía mantiene activa la orden de captura y la solicitud de cooperación internacional, la escena en Nicaragua refuerza la idea de que existen zonas grises en la coordinación institucional. Para la oposición, el caso es una prueba de negligencia; para el Gobierno, un problema heredado y complejo que involucra decisiones soberanas de otro Estado, como el asilo concedido por Managua.
El prófugo amigo de Petro, Carlos Ramón González en Nicaragua bailando en un evento promovido por la Cancillería y pagado con los impuestos de los colombianos.
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 16, 2025
Debería estar en el país y respondiendo ante la justicia por el caso UNGRD. pic.twitter.com/SyahhVRD5e
En el plano doméstico, la controversia alimenta un clima de desconfianza que trasciende a este caso puntual. La lucha contra la corrupción no se mide solo en expedientes judiciales, sino también en la capacidad del Estado para cuidar sus símbolos y su imagen pública. La fotografía de un prófugo celebrando bajo un paraguas institucional erosiona ese esfuerzo y ofrece munición política a quienes cuestionan la eficacia del Gobierno en materia de transparencia.
#ExclusivaW | Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua, en un evento promovido por la Cancillería mientras está prófugo de la justicia en Colombia.
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 15, 2025
Vea las imágenes: pic.twitter.com/DvfYhVlAnp
Hacia adelante, el desafío será doble. Por un lado, aclarar responsabilidades administrativas y diplomáticas para evitar que episodios similares se repitan. Por otro, sostener una línea coherente entre la política exterior y las exigencias de la justicia nacional, incluso cuando ello implique fricciones con gobiernos aliados. En ese equilibrio se juega no solo la resolución del caso González, sino también la credibilidad del Estado colombiano ante su propia ciudadanía y la comunidad internacional.