Día Internacional para poner fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales: ¿qué pasa en Argentina?

Cada 17 de diciembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, una fecha que interpela a los Estados, a los sistemas judiciales y a la sociedad en su conjunto. No es una jornada simbólica ni decorativa: nace de crímenes concretos, de cuerpos vulnerados y de una violencia estructural que sigue activa, muchas veces naturalizada o directamente negada.

La efeméride fue impulsada en 2003 por la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP), en memoria de las víctimas del llamado “Green River Killer” en Estados Unidos, un asesino serial que durante décadas atacó y asesinó a trabajadoras sexuales con total impunidad. El mensaje fue claro y brutal: la violencia persiste porque la vida de estas personas suele valer menos ante la ley y la opinión pública.

Violencia estructural y estigmatización

La violencia contra las trabajadoras sexuales adopta múltiples formas: agresiones físicas, abusos sexuales, extorsiones, persecución policial, discriminación institucional y negación de derechos básicos como el acceso a la salud, la justicia y la vivienda. A esto se suma el estigma social, que funciona como un permiso tácito para el maltrato.

Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos coinciden en un punto incómodo pero necesario: criminalizar el trabajo sexual no reduce la violencia, la multiplica. La clandestinidad expone aún más a quienes ejercen esta actividad, dificulta las denuncias y refuerza la impunidad de agresores, clientes violentos y redes de explotación.

El panorama en Argentina

Al día de hoy, no existen datos oficiales específicos y consolidados del Estado argentino sobre la violencia específica contra trabajadoras sexuales en 2025. El país no cuenta con un registro público centralizado para medir de manera exhaustiva estos hechos, algo que organizaciones de derechos humanos vienen señalando como una falla crítica al abordar fenómenos de violencia y exclusión.

Aunque el país derogó figuras contravencionales que penalizaban el ejercicio del trabajo sexual en varias jurisdicciones, persisten prácticas policiales abusivas y zonas grises legales que habilitan la persecución. 

Derechos humanos y enfoque de género

Desde una perspectiva de derechos humanos, la discusión no gira en torno a la moral, sino a la protección de la vida y la integridad. Las trabajadoras sexuales (muchas de ellas mujeres, personas trans y migrantes) enfrentan una intersección de violencias que combina género, clase y exclusión social.

Combatir la trata requiere políticas específicas; negar la existencia del trabajo sexual, también produce daño.

Una fecha incómoda, pero necesaria

El Día Internacional para poner fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales no busca idealizar ni romantizar el trabajo sexual. Busca algo más básico y urgente: que ninguna persona sea golpeada, asesinada, humillada o descartada por la actividad que realiza para sobrevivir.

Recordar esta fecha es asumir una verdad incómoda: la violencia no es inevitable, es consecuencia de decisiones políticas, prejuicios sociales y silencios cómplices. Nombrarla, visibilizarla y exigir respuestas es el primer paso para desactivarla.