La ciudad de Liverpool recibió este martes el cierre judicial de uno de los episodios más traumáticos de su historia reciente: el ataque con vehículo que, en cuestión de segundos, transformó una celebración multitudinaria en una escena de terror. El Tribunal de la Corona dictó 21 años y medio de prisión para Paul Doyle, el hombre de 54 años que embistió deliberadamente a cientos de personas durante el desfile del vigésimo título de la Premier League.

La sentencia fue celebrada por sobrevivientes y familiares, que esperaban desde hacía meses un fallo contundente. Para las autoridades judiciales, el caso representó un ejemplo extremo de violencia urbana, donde un vehículo común fue utilizado como si fuera un arma.
El ataque ocurrió el 26 de mayo de 2025, cuando alrededor de un millón de seguidores acompañaba el recorrido del plantel de Liverpool en autobuses descapotables. Tras horas de festejos, las calles seguían repletas de familias, turistas y vecinos que regresaban a sus hogares.
A las seis de la tarde, Doyle ingresó con su Ford Galaxy en el área peatonal de Water Street. En apenas 77 segundos, el vehículo golpeó a 134 personas, entre ellos ocho niños, incluido un bebé de seis meses. Muchos fueron arrojados hacia el pavimento, mientras otros quedaron atrapados debajo del auto.
Testigos recordaron gritos, pánico y confusión. Para algunos, la escena fue tan violenta que creyeron estar ante un atentado. Otros intentaron correr tras el vehículo para detenerlo. Una de las imágenes más recordadas del caso es la del exsoldado Daniel Barr, quien logró abrir la puerta, poner el coche en punto muerto y frenar la embestida. Su rápida acción evitó una tragedia aún mayor.

Durante el juicio, la fiscalía describió a Doyle como un hombre que perdió por completo el control cuando quedó atrapado en el tráfico. Había salido para recoger a unos amigos después del desfile y comenzó a tocar la bocina y a gritar para que la multitud se apartara. Cuando no logró avanzar, su frustración escaló hasta convertirse en un estallido irracional.
Doyle se declaró culpable de 31 cargos, entre ellos nueve por causar lesiones corporales graves con intención y 17 por intento de causar lesiones graves. Las imágenes de la cámara del tablero, mostradas en la sala, resultaron estremecedoras: se lo veía gritando fuera de sí, golpeando el volante y acelerando directamente hacia los peatones mientras muchos trataban desesperadamente de apartarse.
El juez calificó el ataque de “casi imposible de comprender” y afirmó que usar un coche como arma contra una multitud era “uno de los actos de mayor desprecio por la vida humana” que había visto en su carrera. La pena incluye además un período de libertad supervisada al completar la condena.
Liverpool, una ciudad marcada por grandes celebraciones deportivas y también por tragedias vinculadas a multitudes, sintió profundamente este episodio. Para muchos habitantes, el ataque reabrió heridas históricas y los obligó a reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad en espacios masivos.
Las autoridades locales ya revisan sus protocolos, con especial atención a los accesos vehiculares en zonas peatonales durante eventos que atraen a cientos de miles de personas. Entre las medidas en estudio se incluyen barreras físicas adicionales, cierres de calles más amplios y sistemas de alerta rápida.

Para los heridos y sus familias, la sentencia no borra el trauma, pero representa un paso importante. Muchos aún enfrentan cirugías, tratamientos prolongados y secuelas psicológicas. Sin embargo, la comunidad ha mostrado una fuerte red de apoyo, con vecinos, clubes y organizaciones colaborando en la recuperación de las víctimas.
Aunque la condena aporta un punto final en el plano legal, en Liverpool está claro que el impacto perdurará durante años. La combinación de un día festivo, una multitud pacífica y un ataque inesperado marcó profundamente a la ciudad.
Aun así, el fallo envía un mensaje contundente: la justicia británica considera inaceptable y gravemente punible el uso deliberado de un vehículo para causar daño masivo. Para muchos, la sentencia de más de dos décadas era necesaria no solo para castigar al responsable, sino para reafirmar que espacios de celebración y convivencia deben seguir siendo seguros.