Arrepentidos en la causa Cuadernos: qué revelaron sobre Cristina y la obra pública

El Tribunal Oral Federal Nº7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio del tramo conocido como “La Camarita” en la causa Cuadernos, con la exposición de testimonios de empresarios arrepentidos que describieron un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En la décima audiencia del debate, que se extendió por más de cuatro horas, se leyeron 83 fojas correspondientes a las declaraciones de Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg, quienes relataron cómo funcionaba el mecanismo de exigencia de aportes para poder acceder o mantener contratos con el Estado.

Amenazas, pagos y retornos

Gerbi, titular de la constructora COARCO, sostuvo que las presiones comenzaron tras la firma de concesiones viales y apuntó al entonces funcionario Claudio Uberti como intermediario de exigencias directas “por pedido del presidente Kirchner”.

Según su relato, la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas personales, lo que finalmente lo llevó a realizar entregas periódicas de dinero en encuentros pactados.

Chediak describió un esquema similar, aunque con exigencias directas del exministro de Planificación Julio De Vido. Relató entregas mensuales de dinero tanto en el Ministerio como en domicilios particulares, con montos que llegaron a los 250.000 pesos, y señaló que luego el sistema se centralizó en el financista Ernesto Clarens.

Por su parte, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que desde 2004 se organizó un sistema para direccionar licitaciones y recaudar fondos a través de retornos de entre el 10 y el 20 por ciento del anticipo financiero.

Reconoció que su empresa participó del esquema y que su rol consistía en garantizar que las empresas adjudicatarias cumplieran con los pagos.

Aldo Roggio admitió aportes exigidos por Roberto Baratta, realizados con fondos personales, y afirmó que accedió “ante la evidente probabilidad de represalias”. Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, relató el impacto de las presiones en la empresa y describió un clima de intimidación que derivó en deudas, juicios y asfixia financiera.

La valoración del fiscal

En su análisis de la prueba, el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que el sistema investigado en “La Camarita” estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, garantizar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal mediante retornos exigidos a empresas constructoras.

El acusador señaló a Wagner como quien “diagramó y puso en práctica” el mecanismo, con Clarens a cargo de la faz recaudatoria, y subrayó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como engranaje clave para presionar a las empresas mediante el manejo de los pagos.

En esa estructura, afirmó, Cristina Fernández de Kirchner ocupó “la cúspide de la pirámide” y Julio De Vido actuó como organizador del sistema en el área de obra pública.

El debate continuará el próximo jueves a las 9.30, cuando se prevé la lectura de las últimas fojas del tramo correspondiente a “La Camarita”.

ND