El Parlamento Europeo votará este miércoles una propuesta inédita que podría cambiar el mapa del acceso al aborto dentro del continente: un plan para financiar interrupciones voluntarias del embarazo a mujeres que viven en países donde el procedimiento continúa fuertemente restringido o directamente prohibido. La iniciativa surge como respuesta a un escenario desigual dentro del bloque, donde la libertad reproductiva depende en gran medida del país de nacimiento.

La propuesta, impulsada por la iniciativa ciudadana “Mi voz, mi elección”, plantea la creación de un fondo europeo destinado a cubrir los costos de abortos realizados en otros estados miembros. Esto beneficiaría especialmente a mujeres de territorios con prohibiciones casi absolutas, como Malta y Polonia, o de lugares donde el acceso está obstaculizado por barreras médicas, administrativas o religiosas, como Italia y Croacia. La idea central es garantizar que ninguna ciudadana europea quede excluida de un procedimiento legal por razones económicas o por decisiones políticas de su gobierno nacional.

En los últimos años, Europa ha mostrado una tendencia firme hacia una mayor protección de los derechos reproductivos. Francia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar el aborto como una libertad constitucional y el Reino Unido dejó atrás la criminalización. Sin embargo, al mismo tiempo creció el respaldo electoral a partidos de extrema derecha que rechazan la ampliación de derechos y reivindican valores tradicionales ligados a una moral religiosa más estricta.
Ese giro político explica por qué el tema volvió al centro del debate europeo. Mientras los defensores del fondo sostienen que la iniciativa reduciría los abortos inseguros y ampliaría la igualdad entre ciudadanas, sus críticos aseguran que el plan invade competencias nacionales y contradice principios culturales y religiosos arraigados en varios estados. El choque entre ambos enfoques refleja tensiones más amplias sobre el rumbo político y social del continente.
El debate previo a la votación estuvo marcado por una intensa campaña de lobby. Organizaciones contrarias al aborto realizaron conferencias y actos dentro del Parlamento Europeo para presionar contra el proyecto, argumentando que Europa debería promover políticas de apoyo a la maternidad en lugar de financiar procedimientos en el exterior. Algunos eurodiputados ultraconservadores calificaron la propuesta como un ataque directo al “orden nacional” y una imposición ideológica desde Bruselas.
“Enviar mujeres a países más liberales es un atentado contra el orden nacional”, declaró Elisabeth Dieringer, miembro del grupo ultraderechista Patriotas por Europa, durante un debate parlamentario la víspera de la votación. “Este abuso de poder ideológico es algo que no vamos a aceptar a nivel de la Unión Europea”, añadió, rechazando la propuesta de fondo para financiar abortos en otros estados miembros.

Del otro lado, asociaciones médicas, grupos de derechos reproductivos y legisladores progresistas remarcaron que la falta de acceso real obliga cada año a miles de mujeres a viajar en silencio, endeudarse o recurrir a métodos clandestinos. También insistieron en que un fondo común permitiría que la libertad reproductiva sea efectivamente europea y no una cuestión territorial.
Los analistas estiman que el Parlamento aprobará la iniciativa por mayoría. Si eso ocurre, la Comisión Europea tendrá hasta marzo para decidir si la convierte en una propuesta legislativa formal. Aunque otras iniciativas ciudadanas no han prosperado en el pasado, el contexto político actual y el peso simbólico del debate podrían abrir un nuevo capítulo.

Si la Comisión avanzara, Europa se enfrentaría a uno de sus desafíos más profundos: armonizar un derecho que toca creencias, tradiciones y sensibilidades culturales, pero que al mismo tiempo define el nivel de autonomía y libertad de las mujeres dentro del bloque. La votación de este miércoles será apenas el primer paso de una discusión que promete reconfigurar la relación entre instituciones europeas y legislaciones nacionales en materia de derechos reproductivos.