Estafa por $1,8 billones: usaban empresas del agro para obtener créditos y fugar el dinero en criptomonedas

La operatoria comenzaba en el sistema financiero tradicional y terminaba en billeteras virtuales de origen desconocido. Tras una investigación judicial y policial, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal que utilizaba empresas vinculadas al sector agropecuario para acceder a créditos bancarios que luego eran desviados al circuito de las criptomonedas, generando un perjuicio estimado en más de 1,8 billones de pesos.

El procedimiento, denominado “Agro-Crypto”, fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones en el marco de una causa iniciada en octubre, a partir de una denuncia impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3 del Departamento Judicial de Pergamino y el Departamento de Cibercrimen. La pesquisa permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura dedicada a estafas informáticas y lavado de activos.

Según la investigación, la banda utilizaba documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado. A través de esas cuentas, accedía a préstamos que, una vez acreditados, eran transferidos de manera inmediata a empresas vinculadas a criptoactivos.

El dinero era luego redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertía en activos virtuales y se enviaba a billeteras digitales cuya titularidad no pudo ser determinada. Para dar apariencia de legalidad a esas operaciones, los imputados recurrían a terceras personas que simulaban realizar tareas de arbitraje con criptomonedas.

Los investigadores establecieron que ninguno de los supuestos arbitrajistas estaba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, requisito obligatorio según la normativa vigente, y que las operaciones carecían de respaldo documental. Esa falta de registros reforzó la hipótesis de un esquema diseñado para ocultar el origen ilícito de los fondos.

A partir de órdenes judiciales libradas a entidades bancarias, se identificó a varias empresas damnificadas, todas ellas vinculadas al sector agropecuario. Mediante múltiples transacciones, la organización logró sustraer un monto aproximado de 1,8 billones de pesos.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino ordenó ocho allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Los operativos culminaron con la detención de tres hombres y la notificación de la causa a otros dos, además del secuestro de dinero en efectivo en distintas divisas, teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación de alto valor probatorio.

Uno de los sospechosos fue detenido en la vía pública, en la intersección de avenida Belgrano y Castro Barros, tras tareas de inteligencia que permitieron localizarlo luego de no haber sido hallado en uno de los domicilios allanados.

Todos los imputados, mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición de la Justicia acusados del delito de asociación ilícita.