Rezagados por Nación
01/02/2026 - Edición Nº1090
Política
Conflicto fiscal
Diputados debate el Presupuesto 2026: el giro que complica a hospitales y facultades
17/12/2025 | Un artículo incorporado al dictamen oficial deroga leyes clave que el Congreso había aprobado tras los vetos de Milei y reabre un frente político sensible.
La discusión del Presupuesto 2026 reabrió el conflicto entre el Gobierno y el Congreso por fondos sensibles.
El Gobierno consiguió este martes dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero el avance del proyecto quedó atravesado por una fuerte polémica política. El texto incorpora un artículo que deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, dos normas que el Congreso había sancionado con mayorías agravadas y que habían sido vetadas por el presidente Javier Milei.
El despacho oficial reunió 28 firmas, seis de ellas en disidencia, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia. En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Provincias Unidas impulsó una tercera propuesta.
El proyecto quedó así en condiciones de ser tratado en el recinto en el día de hoy, en una sesión que promete alto voltaje político y cruces transversales entre oficialismo y oposición.
La controversia se concentró en el artículo 75 del dictamen, incorporado a último momento, que dispone la derogación de las leyes 27.795, de financiamiento para las universidades nacionales, y 27.793, de emergencia en discapacidad, además de dejar sin efecto partidas destinadas al Hospital Garrahan.
Se trata de iniciativas que el Congreso había ratificado tras los vetos presidenciales, con apoyos superiores a los dos tercios. Ahora, el oficialismo busca desactivarlas a través de la llamada ley de leyes, en nombre del equilibrio fiscal y la reducción del gasto público.
La norma de financiamiento universitario establecía un esquema progresivo de inversión que iba del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031, con el objetivo de recomponer salarios docentes y no docentes, actualizar gastos de funcionamiento y financiar infraestructura, becas y carreras estratégicas.
En tanto, la ley de emergencia en discapacidad sostenía que el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación debía prevalecer frente a las restricciones presupuestarias, en línea con compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el Estado argentino. Durante el año, incluso, la Justicia Federal había declarado inválido el decreto que suspendía su aplicación, aunque la medida nunca se ejecutó plenamente.
