Durante años, detrás de la fachada de bares nocturnos del microcentro porteño, funcionó un esquema de explotación sexual que contó con protección policial. Ese entramado quedó al descubierto con el fallo del Tribunal Oral Federal N°1 de la Capital Federal, que condenó a un comerciante y a un efectivo de la Policía Federal por delitos vinculados a la trata de personas y al proxenetismo.
El veredicto, dado a conocer en los tribunales federales de Retiro, impuso la pena de 6 años y 6 meses de prisión a Walter Rivero, administrador de tres bares del barrio de San Nicolás, a quien se consideró coautor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una mujer y responsable de haber ejercido el proxenetismo respecto de otras 15.
En el mismo fallo, el policía Cristián José Bernal, de la entonces Comisaría 3ª de la PFA, fue condenado a 3 años de prisión por cohecho pasivo en concurso ideal con la promoción y facilitación de la prostitución ajena.
Durante el debate quedó probado que Bernal, junto a otro policía de la misma seccional que falleció durante el proceso, recibió dádivas para brindar protección y permitir el funcionamiento de los locales donde se desarrollaban las actividades ilícitas. En cambio, un hombre y una mujer que habían llegado a juicio acusados de ser encargados de los bares al momento de los allanamientos fueron absueltos, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.
El tribunal resolvió además diferir el tratamiento del pedido de reparación del daño en un incidente separado, tanto para la hija de la víctima de trata -fallecida en 2011- como para las demás mujeres afectadas. En su alegato, la fiscalía había solicitado que se destinen más de 108 millones de pesos a la hija de la damnificada y cerca de 292 millones al Programa Nacional para la Instrumentación de las Reparaciones Integrales a las Víctimas del Delito de Trata de Personas.
También se ordenó que la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) contacte a las mujeres halladas durante los allanamientos para informarles sobre la existencia de ese programa de reparaciones.
El juicio oral, que unificó dos causas, comenzó en diciembre de 2023 ante el tribunal integrado por los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg. A lo largo del proceso declararon 105 testigos y los alegatos del Ministerio Público Fiscal se desarrollaron los días 17 y 18 de noviembre. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 18 de marzo de 2026.
La investigación se originó en una pesquisa preliminar de la entonces Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, hoy PROTEX, centrada en locales nocturnos de la Ciudad de Buenos Aires. En marzo de 2011 se realizaron más de un centenar de allanamientos y en uno de ellos fue encontrada la víctima de trata.
Según se acreditó en el juicio, Rivero captó a la mujer mediante una falsa oferta laboral y luego, junto a su padre Hugo Rivero -ya fallecido-, la sometió a explotación sexual mediante amenazas y violencia física en los bares “Classic Irish Pub”, “Keops” y “Kir Royal”. Los explotadores se quedaban con al menos el 65% de las ganancias obtenidas.
Para el tribunal, también quedó probado que en esos mismos locales se promovió y facilitó la prostitución de al menos otras 15 mujeres en situación de vulnerabilidad, una actividad que se extendió hasta septiembre de 2012 bajo el amparo policial que ahora derivó en las condenas.
