A pocos días del recambio en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva afrontará este jueves su primera prueba de alto impacto político y social. La CGT encabezará una movilización en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que ATE paralizará la actividad estatal en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se discute en el Congreso.
Desde la cartera de Seguridad confirmaron que el protocolo antipiquetes será aplicado sin modificaciones y que se desplegará un operativo especial en el microcentro porteño, donde se espera la mayor concentración de manifestantes. La decisión marca una línea de continuidad con la gestión de Patricia Bullrich, una de las funcionarias más respaldadas por el presidente Javier Milei.
“Se aplicará el protocolo como siempre porque en el ministerio no cambió nada”, señalaron fuentes oficiales en la previa de la protesta. Monteoliva ya había anticipado que los esquemas operativos se mantendrán y se ajustarán según la magnitud de la convocatoria, prevista para comenzar a partir de las 15.
La orden de servicio, que establece la cantidad de efectivos, los perímetros de seguridad y la coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, aún no fue emitida, aunque se espera que quede definida en las próximas horas. El operativo incluirá fuerzas federales y un sistema de monitoreo permanente.
Según explicaron desde Seguridad, se activará un sistema de alerta temprana durante la mañana del jueves y se realizarán tareas de seguimiento preventivo. El objetivo central será evitar cortes de calles y bloqueos prolongados, permitiendo la movilización por veredas, plazas y corredores controlados. En caso de concentraciones masivas, se buscará mantener a los manifestantes en movimiento para evitar el colapso del tránsito.
La movilización convocada por la CGT tendrá como destino final la Plaza de Mayo y forma parte de un plan de lucha que, según la central obrera, incluirá medidas graduales contra la administración libertaria. Al reclamo contra la reforma laboral se sumaron gremios estatales, organizaciones sociales y partidos de izquierda, que estiman una concurrencia de hasta 150 mil personas.
El operativo de este jueves funcionará como un termómetro político para la nueva conducción del Ministerio de Seguridad y como señal del rumbo que el Gobierno pretende sostener frente al aumento de la conflictividad social en las calles.