Cargado de simbolismo
17/12/2025 - Edición Nº1044
Política
Polémica acusación
Fútbol y vino: por qué Sturzenegger comparó a Tapia con la Asociación de Viñateros
17/12/2025 | El funcionario nacional se quejó de la resistencia de la Asociación de Viñateros de Mendoza y trazó un paralelismo con la AFA.
Federico Sturzenegger comparó la resistencia a las SAD con el sector del vino.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a utilizar sus redes sociales para defender el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y, en ese marco, trazó una comparación directa entre la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a la que acusó de recurrir a la Justicia para impedir la libertad de elección.
Según el funcionario, ambos casos responden a una misma lógica: evitar que los actores del sistema puedan optar libremente y preservar, bajo el paraguas de la regulación, intereses corporativos y prácticas que limitan la competencia.
El antecedente del fútbol: el DNU, las SAD y la Justicia
Sturzenegger recordó que, tras la publicación del DNU 70/23, que habilitó a los socios de los clubes de fútbol a decidir si querían convertirse en sociedades anónimas deportivas, la AFA y su presidente Claudio “Chiqui” Tapia acudieron a la Justicia para frenar esa posibilidad.
“El punto central no era prohibir nada, sino impedir que los socios pudieran elegir”, sostuvo el ministro, quien planteó que una mayor profesionalización de las dirigencias pondría en evidencia “los desmanejos que hoy se han hecho visibles en el fútbol argentino”.
ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN. Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no… pic.twitter.com/dzQKctzR4y
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 17, 2025
La desregulación vitivinícola y el CIU opcional
En ese marco, Sturzenegger explicó que el Gobierno avanzó recientemente en una fuerte desregulación de la actividad vitivinícola, eliminando “miles de restricciones, obligaciones, trámites absurdos e injerencias indebidas del Estado”.
Uno de los cambios centrales fue convertir en opcional el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un trámite que hasta entonces era obligatorio.
Según detalló, el 45% de los productores que estaban obligados a utilizarlo dejaron de hacerlo una vez que pasó a ser voluntario, lo que —argumentó— confirmó que se trataba de una carga burocrática innecesaria.
La judicialización y la comparación con Tapia
El funcionario cuestionó que la Asociación de Viñateros de Mendoza haya presentado una acción judicial ante el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós, para que el CIU vuelva a ser obligatorio.
“¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática?”, se preguntó Sturzenegger, y comparó esa estrategia con la adoptada por la AFA. “Como buenos discípulos de Tapia”, ironizó, al señalar que el objetivo sería impedir la libertad de elección, aun cuando nadie tiene prohibido usar el certificado si así lo desea.
Dos hipótesis: control del mercado y cobro de tasas
El ministro planteó dos posibles explicaciones detrás del reclamo judicial. La primera es que el CIU funcionaba como una herramienta de control del mercado, ya que concentraba información clave sobre el movimiento de la uva y su ingreso al circuito comercial, lo que facilitaría prácticas anticompetitivas y de cartelización.
La segunda hipótesis apunta al financiamiento de entidades sectoriales. Según relató, sin el CIU se dificulta el cobro de una tasa vinculada a la Coviar, una entidad cuyo mandato —afirmó— venció en 2020 pero que continúa percibiendo un “impuesto privado” a la industria.
El respaldo a la desregulación y el rol del INV
Sturzenegger destacó que numerosas bodegas y productores se manifestaron públicamente a favor de la desregulación y de la opcionalidad del CIU, al igual que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), órgano rector de la actividad, que impulsó la medida.
En ese sentido, expresó su confianza en que la Justicia escuche esas voces antes de resolver el planteo judicial presentado por la Asociación de Viñateros.
Un repaso histórico y una advertencia política
En el tramo final de su mensaje, el ministro recordó los antecedentes de fuerte intervención estatal en la vitivinicultura, como la prohibición impuesta en 1934 que limitó la producción a la región de Cuyo y destruyó bodegas en otras provincias.
Para Sturzenegger, ese pasado funciona como advertencia frente a lo que definió como “el poder corrosivo del Estado” y refuerza su tesis de que “la regulación, en general, es mala: un lobo con piel de cordero”.
