Los tres detenidos en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas, vinculada al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, solicitaron ampliar sus indagatorias y este miércoles declaran ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona.
Los imputados son Micaela Sánchez, tesorera de la financiera; Ariel Vallejo, dueño; y una tercera mujer que se encontraba junto a ellos durante el primer operativo. La ampliación de las declaraciones se produce mientras la Justicia analiza la documentación y los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados la semana pasada.
El avance judicial se da en un contexto de fuerte tensión política, luego de que la ministra Patricia Bullrich impulsara una ofensiva pública y judicial contra la conducción de la AFA, lo que derivó en una escalada de denuncias cruzadas y acusaciones de uso político de la Justicia.
Sánchez fue detenida el jueves pasado durante un procedimiento en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, cuando retiraba cajas con documentación y teléfonos celulares. En ese operativo, efectivos de la Policía Federal hallaron cinco celulares ocultos debajo de un asiento de una camioneta Toyota SW4.
Horas más tarde se concretaron las detenciones de las otras dos personas que la acompañaban durante el traslado del material. En paralelo, el juez Armella ordenó la apertura de cajas de seguridad de Sur Finanzas en distintas entidades bancarias, como parte de las medidas orientadas a reconstruir el circuito patrimonial bajo investigación.
Durante la jornada también trascendió que la fiscal Incardona le ofreció a Sánchez la posibilidad de incorporarse al régimen del arrepentido, una alternativa que se evalúa en el marco de una causa que podría ampliarse en las próximas semanas.
La causa incluyó allanamientos realizados durante tres días consecutivos en oficinas de Sur Finanzas, clubes y dependencias vinculadas a la AFA. Fuentes judiciales no descartan nuevas medidas mientras se define la situación procesal de los imputados.
El avance del expediente judicial ocurre en simultáneo con la ofensiva política de Patricia Bullrich contra Claudio Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quienes denunció ante el Comité de Ética de la Conmebol por presuntas maniobras irregulares en el manejo de fondos del fútbol argentino.
En mensajes públicos, Bullrich habló de un accionar “mafioso” y cuestionó el destino de los ingresos por publicidad y por la Selección, así como el nivel de los premios obtenidos por los campeones. Desde la AFA, la respuesta no tardó en llegar: Toviggino le contestó con ironía y la instó a concentrarse en la “corrupción de su propio Gobierno”.
El cruce profundizó un clima de confrontación que rápidamente trascendió el plano deportivo y pasó a leerse en clave política e institucional.
En ese marco, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Bullrich por presuntos delitos de evasión fiscal, lavado de activos y asociación ilícita, vinculados al entramado societario de la cadena de cafeterías Tostado. La presentación también alcanza a otros integrantes del grupo empresario y fue acompañada por pedidos de allanamientos y requerimientos a la UIF, la IGJ y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Dalbón calificó como un “show mediático” la ofensiva de Bullrich contra la AFA y sostuvo que busca desviar la atención del debate público. “Mientras denuncian sin pruebas en los medios, nosotros vamos a la Justicia”, afirmó.
Con las indagatorias en marcha, nuevas medidas patrimoniales y denuncias cruzadas, la causa Sur Finanzas se consolida como un expediente judicial de alto voltaje político, cuyo impacto excede largamente el ámbito financiero y amenaza con profundizar la disputa entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino.