Decomisan consolas y accesorios de videojuegos por casi $200 millones en la Terminal de Ómnibus de Retiro

Un control de rutina en la Terminal de Ómnibus de Retiro terminó con el secuestro de una carga millonaria de artículos electrónicos de alta gama. Efectivos de la Policía Federal Argentina decomisaron consolas y accesorios de videojuegos de reconocidas marcas que no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal al país.

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Federal de Investigaciones, en el marco de tareas preventivas desplegadas en la terminal ubicada sobre la avenida Ramos Mejía. La fiscalización estuvo a cargo de la División Comisaría Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires y se centró en el sector de ingreso de encomiendas, con el objetivo de detectar infracciones al Código Aduanero y a la Ley de Marcas.

Durante el operativo, los efectivos detectaron a dos hombres que trasladaban quince bultos de gran tamaño y que intentaban retirarse del lugar sin someterlos a los controles habituales. Ante esa maniobra, se les ordenó pasar las cajas por el escáner instalado en el Puente 4, donde se constató que contenían artículos electrónicos.

Al inspeccionar las encomiendas, la policía halló 140 consolas de videojuegos, tanto de mesa como portátiles, además de 124 joysticks, lentes, cascos especiales para juegos y distintos accesorios complementarios. La mercadería fue inmediatamente puesta a disposición de la Justicia.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9 ordenó la imputación de los dos hombres, ambos argentinos y mayores de edad, y dispuso el secuestro total de los elementos incautados. Mientras se realizaban las diligencias, un tercer sujeto se presentó como presunto dueño y consignatario de la carga, pero al no poder acreditar el ingreso legal ni presentar respaldo fiscal o aduanero, también quedó imputado en la causa.

Según el aforo realizado por personal de ARCA-Aduanas y los valores actuales de mercado, el valor de la mercadería secuestrada asciende a unos 191 millones de pesos. Los elementos quedaron a disposición del magistrado interviniente por presunta infracción a la Ley 22.415, que reprime el delito de contrabando.