El gobernador Maximiliano Pullaro puso en marcha el tramo final del proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al oficializar los nombres de los tres candidatos que propone para cubrir las vacantes que se producirán en 2026. Se trata del juez federal Aldo Alurralde, el secretario administrativo del Senado provincial Diego Maciel y la abogada rosarina Jorgelina Genghini.
La decisión activa el mecanismo institucional previsto por la Constitución provincial: un período de observaciones e impugnaciones, el análisis de antecedentes en la Legislatura y, finalmente, la votación de los pliegos en la Asamblea Legislativa.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano judicial de la provincia de Santa Fe. Sus integrantes son designados a través de un procedimiento que combina la iniciativa del Poder Ejecutivo y el control del Poder Legislativo.
Tras la firma del decreto por parte de Maximiliano Pullaro, se abre un plazo de 15 días corridos para que organizaciones de la sociedad civil o particulares presenten adhesiones u objeciones a los postulantes. Luego, el Ejecutivo remite los pliegos a la Legislatura, donde interviene la Comisión de Acuerdos, encargada de evaluar los antecedentes y entrevistar a los candidatos. El último paso es la votación en la Asamblea Legislativa.

Este recambio se produce luego de las renuncias anunciadas por ministros que superan el límite constitucional de 75 años y se inscribe en una reforma que amplió de seis a siete el número de integrantes del tribunal.
Desde la Casa Gris explicaron que la selección de los candidatos responde a un esquema de equilibrio institucional, político y territorial. La terna combina perfiles provenientes del Poder Judicial, del ámbito político-legislativo y de los colegios profesionales, además de representar al norte, centro y sur de la provincia.
Con esta decisión, Maximiliano Pullaro avanza en la renovación casi total de la Corte Suprema de Santa Fe, uno de los objetivos centrales planteados desde el inicio de su gestión.
El primer nombre de la nómina es Aldo Mario Alurralde, actual juez federal titular del Juzgado de Reconquista. Es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral, con una extensa formación de posgrado en Derecho Tributario y Ciencias Jurídicas.

Cuenta con una maestría en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe y posee también título de escribano. Su trayectoria académica es uno de los puntos fuertes de su perfil: es profesor titular de Derecho Tributario, Aduanero y Financiero en la Universidad Católica de Santa Fe, con actividad en distintas sedes, y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario.
Además de su tarea judicial, es autor de libros y publicaciones especializadas y ha participado como disertante en congresos nacionales e internacionales. Su candidatura representa la incorporación de un magistrado con experiencia en causas federales y fuerte anclaje académico.
El segundo postulado es Diego Luis Maciel, abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, con matrícula tanto en la provincia de Santa Fe como en el Poder Judicial de la Nación. Vive en la ciudad de Esperanza y ejerce la profesión liberal desde 2004, con especial dedicación al derecho civil y comercial.

Su trayectoria incluye una extensa labor como asesor legal y apoderado de comunas y asociaciones civiles del departamento Las Colonias. En el ámbito político-administrativo, fue asesor del bloque del Frente Progresista Cívico y Social en la Cámara de Diputados y ocupó distintos cargos en el Senado provincial, donde actualmente se desempeña como secretario administrativo.
En los últimos años, Maciel se consolidó como una figura clave del engranaje institucional del Poder Legislativo, con experiencia en gestión, redacción normativa y articulación política. Su perfil representa el anclaje del Ejecutivo en el ámbito legislativo y administrativo del Estado provincial.
La tercera candidata es Jorgelina Mabel Genghini, abogada rosarina egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con formación complementaria en política, derecho y gestión ambiental. Realizó cursos de actualización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito municipal y judicial de Rosario.

Desde 2003 se desempeña como jueza del Tribunal Municipal de Faltas, con un intervalo en el que estuvo al frente de la Oficina Legal y Técnica del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia. En el ejercicio privado, es socia del estudio Del Vecchio & Asociados y apoderada de compañías de seguros y ART.
Además, integra la Federación Argentina de Colegios de Abogados y desde 2022 representa a la abogacía organizada en el Consejo de la Magistratura de la Nación, participando en comisiones vinculadas a la selección y acusación de jueces. Su candidatura expresa la pata profesional y gremial del derecho dentro del esquema definido por Pullaro.
La renovación de la Corte Suprema impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema judicial provincial. El máximo tribunal define criterios jurisprudenciales, resuelve conflictos institucionales y tiene un rol clave en causas de alto impacto político, económico y social.

Con esta terna, el gobierno de Maximiliano Pullaro busca dotar al tribunal de perfiles con experiencia técnica, diversidad de trayectorias y representación territorial, en un contexto de recambio generacional y reconfiguración del Poder Judicial.
Cumplido el plazo de observaciones, los pliegos serán enviados formalmente a la Legislatura. La Comisión de Acuerdos analizará los antecedentes y entrevistará a los postulantes, y se prevé que la Asamblea Legislativa trate las designaciones en los primeros meses de 2026.
Las asunciones quedarán supeditadas a la efectivización de las renuncias de los actuales ministros salientes. Con ese recambio, solo uno de los integrantes de la Corte anterior continuará en funciones.