Llaryora patea el tablero para desactivar la bomba de la Caja de Jubilaciones de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decidió avanzar con un proyecto de emergencia previsional para enfrentar la crisis financiera de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, atravesada por un déficit creciente y la falta de envíos de fondos nacionales. La iniciativa propone subir los aportes a los salarios más altos, reducir jubilaciones elevadas y garantizar el 82% móvil a más de la mitad de los pasivos provinciales. El objetivo es doble: ordenar las cuentas del sistema y desactivar el frente de conflicto con los gremios estatales.

Una Caja en crisis y sin auxilio nacional

La Caja de Jubilaciones de Córdoba es el organismo que administra los haberes de jubilados y pensionados provinciales. Desde hace años arrastra un fuerte desequilibrio financiero, que se agravó por el no envío de fondos compensatorios por parte de la Nación, una situación que el oficialismo provincial remarca como la principal causa del rojo previsional.

En la actualidad, el sistema alcanza a 116.760 jubilados y pensionados, con un haber promedio de 1,6 millón de pesos. El déficit proyectado para 2026 supera los 800 mil millones de pesos, una cifra que encendió todas las alarmas en el Centro Cívico y aceleró la decisión política del gobernador.

Aportes más altos para quienes más cobran

El corazón del proyecto impulsado por Llaryora es un nuevo esquema de aportes personales extraordinarios, que irá del 2% al 8%, de manera progresiva. La medida impactará principalmente en los empleados públicos de mayores ingresos, como magistrados, bancarios, municipales de la ciudad de Córdoba y trabajadores de EPEC.

El proyecto elimina el fondo compensador del 4% que pagaban los estatales y lo reemplaza por este sistema escalonado. Según explicó el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, la mayoría de los trabajadores verá reducido su aporte, mientras que el esfuerzo mayor recaerá sobre quienes están en la cúspide de la pirámide salarial.

Llaryora decidió que el ajuste recaiga sobre los salarios y jubilaciones más altas para sostener la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Jubilaciones altas bajo presión

El esquema también prevé una reducción proporcional de las jubilaciones más elevadas, que alcanzará a unos 10 mil jubilados y pensionados con haberes superiores a los 3 millones de pesos. La baja se explica porque las jubilaciones se calculan sobre el salario de bolsillo de los activos: al subir los aportes, el ingreso neto disminuye y arrastra el haber previsional.

Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de una medida de “justicia redistributiva”. “El esfuerzo deben hacerlo quienes más perciben, y la masa que menos cobra comenzará a restituir derechos”, afirmó Torres durante la presentación del proyecto.

El 82% móvil como contrapartida

Como contracara del ajuste, el Gobierno promete garantizar un adicional no remunerativo que llevará los haberes de 53 mil jubilados -los que hoy cobran menos de 1,3 millones de pesos- al 82% del salario bruto de los activos. Ese grupo dejará de percibir el bono bimestral de 100 mil pesos que cobraba desde mediados de año.

Para el oficialismo, esta decisión busca reducir las desigualdades internas del sistema previsional, mejorando la situación de quienes tienen ingresos más bajos y concentrando el ajuste en los sectores de mayores recursos.

Más poder para el Ejecutivo

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la amplia discrecionalidad que se reserva el Poder Ejecutivo. Será Llaryora quien defina cuánto durará la emergencia previsional, desde qué nivel salarial se aplicarán los aportes máximos y quiénes accederán al adicional del 82%.

Desde el Centro Cívico justifican ese margen de maniobra en la incertidumbre sobre los envíos de la Anses. Si los fondos nacionales caen, el ajuste será más severo; si aumentan, el Gobierno podrá aliviar los aportes o ampliar el universo alcanzado por el 82%.

Tensión sindical y cálculo político

El anuncio reavivó la tensión con los gremios estatales, en especial con el Suoem, que ya movilizó a una multitud. El choque con los municipales no es nuevo: Llaryora ya lo había utilizado como eje de confrontación durante su gestión como intendente de Córdoba y ahora vuelve a ocupar un lugar central.

En el oficialismo admiten que la medida busca quebrar el frente sindical que se había conformado en rechazo a un eventual ajuste generalizado. El mensaje político es claro: no habrá recorte parejo, sino un esfuerzo concentrado en los sectores más altos del Estado.

Críticas opositoras y posibles judicializaciones

Desde la oposición cuestionan el tratamiento exprés del proyecto en la Legislatura, la falta de debate en comisión y la discrecionalidad otorgada al Ejecutivo. También advierten que el anuncio del 82% móvil es transitorio, deja afuera a buena parte de los pasivos y no responde al reclamo histórico de los jubilados que impulsaron una iniciativa popular.

Además, se esperan presentaciones judiciales de trabajadores que podrían sufrir descuentos cercanos al 30%, sumando aportes previsionales y el aumento de Apross. En el Gobierno confían en que la ley superará el control del Tribunal Superior de Justicia.

Qué viene ahora

La sesión legislativa se anticipa tensa y con final abierto. El oficialismo apuesta a aprobar el proyecto en las próximas horas y avanzar con la implementación inmediata de las medidas. Mientras tanto, el conflicto con los gremios sigue latente y el reclamo a la Nación por los fondos de la Caja continúa como telón de fondo.

Para Llaryora, la jugada es de alto riesgo: busca ordenar las cuentas previsionales, contener el malestar social y sostener el control político de una de las áreas más sensibles del Estado provincial.