“Situaciones similares a la esclavitud”: condenaron en Córdoba a un hombre por trata y servidumbre

El Tribunal Oral Federal N°3 de Córdoba condenó a ocho años de prisión a Carlos Emanuel Neto, de 37 años, por haber captado a una mujer en la provincia de Corrientes y trasladarla a un campo en Córdoba, donde la mantuvo en condiciones de explotación hasta que logró escapar. La sentencia fue dictada por el juez Facundo Zapiola, quien integró el tribunal de manera unipersonal.

El hombre fue hallado culpable del delito de trata de personas con el fin de reducir y mantener a una persona en condición de servidumbre, agravado por haber mediado engaño, violencia, amenazas, abuso de situación de vulnerabilidad y por la consumación de la explotación. La víctima tenía 29 años al momento de los hechos. Además de la pena de prisión, el magistrado dispuso que el condenado participe en programas de sensibilización sobre violencia contra la mujer, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal. Los fundamentos se conocerán dentro de los cinco días hábiles.

En el debate intervino el fiscal general Carlos Gonella, quien había requerido una condena de diez años de prisión. La causa había sido elevada a juicio a pedido de la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Enrique Senestrari.

Según se acreditó durante el juicio, Neto conoció a la mujer en la ciudad de Corrientes en 2024, cuando ella se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y pedía ayuda en un kiosco donde él trabajaba. A través de falsas promesas vinculadas a la posibilidad de ahorrar dinero y enviarlo a su familia, la convenció de trasladarse con él a un campo en la provincia de Córdoba con fines de explotación laboral.

Ante la falta de documentación de la víctima, el acusado gestionó la tramitación de su documento de identidad ante el Registro Civil de Corrientes, lo que permitió concretar el traslado. Una vez en el establecimiento rural, le impidió salir del lugar y mantener contacto con vecinos, le retuvo el DNI, no le entregaba dinero y no le facilitaba un teléfono celular.

Durante ese período, la amenazaba con agredirla físicamente y con causarles daño a integrantes de su familia. “Voy a mandar a que las caguen a tiros, las voy a mandar a castigar con varios tipos”, era una de las frases que, según se acreditó, utilizaba para intimidarla.

La mujer denunció que durante la explotación fue obligada a mantener relaciones sexuales con el acusado y relató distintos episodios de violencia física. Entre ellos, declaró que le apoyó la mano sobre una parrilla encendida y que intentó cortarle el dedo con un cuchillo, además de haberla golpeado con un martillo. Finalmente, logró huir el 23 de junio de 2024 por la noche y refugiarse en un almacén cercano, desde donde pudo comunicarse con su familia para pedir ayuda.

En su alegato, Gonella sostuvo que los hechos encuadran en delitos caracterizados por la sujeción de una persona a la autoridad de otra “mediante violencia física o moral”, en situaciones “similares a la esclavitud”. El fiscal señaló que se probó que el acusado aprovechó la extrema vulnerabilidad de la víctima, gestionó su documentación, la trasladó a Córdoba y la mantuvo en un ámbito rural de aislamiento, controlando sus comunicaciones y restringiendo su circulación.

El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que, si bien mantuvo su convicción personal respecto de los abusos físicos y sexuales denunciados, no fue posible acreditarlos de manera fehaciente por la falta de precisión en los relatos y la ausencia de informes médicos u otros elementos probatorios. Por ese motivo, solicitó la absolución del acusado respecto de esos hechos puntuales, al considerar que no podían sostenerse más allá de toda duda razonable.